El pleno del Ayuntamiento de Toro ha aprobado la nueva ordenanza fiscal que regulará la tasa por el servicio de retirada de vehículos y de grúa que será prestado por empresas externas, así como el reglamento sobre el uso de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el municipio.
Tanto el PP como el concejal del grupo no adscrito, Javier Gómez Valdespina, presentaron enmiendas a la ordenanza reguladora del servicio de grúa, que fueron rechazadas por el equipo de Gobierno. En su enmienda, Gómez solicitó la reducción de la tasa por inmovilización de vehículos para que “no tenga un carácter confiscatorio”, tarifa que supone la mitad de la establecida por la retirada.
La portavoz socialista, Ángeles Medina, justificó la oposición del equipo de Gobierno a la enmienda en que, con las tasas fijadas en la ordenanza, el Ayuntamiento presta un servicio para el que tiene que recaudar y poder sufragar su coste.
En este punto, remarcó que un informe de Tesorería detalla que el coste previsto por la prestación del servicio asciende a 5.689 euros, mientras que la cantidad que se prevé recaudar suma 4.185 euros.
Por su parte, el PP presentó dos enmiendas que también fueron rechazadas y por las que planteaba la reducción, del 50 al 30%, del sobrecoste por la retirada de vehículos por la grúa en horario nocturno o días festivos y domingos, así como los sábados a partir de las 14.00 horas.
El Ayuntamiento también aprobó el reglamento que regulará el uso de puntos de recarga de vehículos eléctricos. En la actualidad, Toro cuenta con un punto de recarga con dos tomas situado junto al parque de Bomberos, que podrá ser utilizado por los vecinos una vez que se cumplimenten diversos trámites administrativos y la probable adjudicación de la gestión del servicio a una empresa externa.
Modificación del PGOU
Uno de los puntos del orden del día del pleno que generó un mayor debate fue la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Toro, para ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León relacionada con la vivienda del ex portavoz socialista, Lorenzo Rodríguez, y que fue rechazada por el concejal no adscrito y por el PP.
Por una parte, Gómez Valdespina, recordó otras sentencias anteriores que son firmes y que aluden a la comisión de “infracciones urbanísticas muy graves y no sujetas a prescripción”, aunque también recordó que la edificación “invade” terrenos previstos para dotaciones públicas. Por estos motivos, acusó al equipo de Gobierno de “intentar blanquear las graves irregularidades que se cometieron en este caso”.
De otro lado, el portavoz popular, Alejandro González, reprochó al equipo de Gobierno que elevara al pleno “un nuevo capítulo de una auténtica cacicada y de una modificación del PGOU a la carta” para “beneficiar” al ex concejal socialista “en contra de los intereses generales de la ciudad”.
Además, anunció que el grupo municipal popular “no va a permitir este atropello contra los intereses de los toresanos” y que “actuará” en consecuencia cuando lo considere oportuno.
