Tras su cierre en 2015, la reapertura de la piscina climatizada de Toro está más cerca. La pretensión del Ayuntamiento es reabrir en octubre unas instalaciones de salud y deporte que fueron inauguradas en 2011, en las que se invirtieron 2,2 millones de euros que fueron aportados al 50% por la institución local y la Diputación.
Para poder reabrir la piscina cubierta, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de junio en pleno un estudio de viabilidad económico financiero para la concesión del contrato de gestión y explotación.
El siguiente paso fue la convocatoria del proceso de licitación y, una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, solo una empresa ha concurrido al procedimiento de adjudicación del contrato, que incluye también la gestión, explotación y mantenimiento de otras instalaciones deportivas municipales: dos pistas de tenis y otras dos de pádel.
Una vez cerrado el plazo de presentación de propuestas, el Ayuntamiento evaluará la oferta económica y la documentación aportada por la única empresa que ha concurrido al procedimiento de licitación, que fijaba un importe total de 2.299.000 euros y un plazo de ejecución del contrato de veinte años.
Las instalaciones deportivas objeto de la concesión son la piscina cubierta, en la que se incluyen el vaso, los vestuarios, dos salas situadas en el sótano y la primera planta, la depuración y la zona de calderas, así como dos pistas de tenis y otras tantas de pádel. Los servicios que deberá prestar la adjudicataria son la gestión y explotación de las instalaciones; información y venta de servicios y actividades; organización de servicios; atención al público; limpieza del recinto; recaudación de ingresos; programa de enseñanza o alquiler de pistas.
El contratista deberá asumir una serie de obligaciones como mantener las instalaciones abiertas al público; la inversión en el equipamiento deportivo mínimo necesario, así como su reposición y mantenimiento durante toda la vigencia del contrato.
Además, la empresa deberá proveer de personal suficiente a todas las actividades que se desarrollen y asumirá la contratación de los profesionales, a los que se exigirá la titulación mínima exigida.
Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos correspondientes a los consumos de gas, electricidad y agua de las instalaciones durante la vigencia del contrato, así como el pago del IBI.
El Ayuntamiento se reserva el derecho al uso de las instalaciones para actividades organizadas por la entidad o en beneficio de asociaciones del municipio. La ejecución del contrato y comienzo de la gestión arrancará el 1 de octubre o desde la fecha de formalización del acuerdo y su duración se establece inicialmente en veinte años, prorrogables otros cinco más.
