Ganaderos de Pozoantiguo han denunciado públicamente que la nueva ordenanza reguladora de las condiciones ambientales y de ubicación de las explotaciones aprobada por el Ayuntamiento supone un “ataque frontal” a un sector que, junto a la agricultura, es el pilar de la economía del municipio y del que depende el sustento de una veintena de familias.
El Ayuntamiento ha rechazado las alegaciones presentadas por los ganaderos y ha aprobado la normativa, que establece nuevas distancias respecto al casco urbano y que se multiplican por 10 y por 15, en función del número de UGM (Unidades de Ganado Mayor), aunque también, según los afectados, impide llevar a cabo ampliaciones en las explotaciones o la construcción de una nueva nave para, por ejemplo, almacenar maquinaria.
En las alegaciones rechazadas por el Ayuntamiento los ganaderos califican de “sorprendente” la contumacia de la Corporación Municipal para impulsar una ordenanza que, hasta la fecha, “solo ha servido para generar graves e innecesarias tensiones sociales” en Pozoantiguo, a la vez que recuerdan que se aprueba sin que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se haya pronunciado sobre procedimientos judiciales pendientes contra otra normativa anterior, aprobada el 6 de noviembre de 2020, y que ha sido derogada.
En este punto, los ganaderos precisan que la nueva ordenanza modifica las distancias de las explotaciones por lo que, en su opinión, “lo más sensato sería esperar a la firmeza de las decisiones judiciales” antes de aprobar otra normativa.
En sus alegaciones, los ganaderos aseguran que la ordenanza pone en riesgo las explotaciones ganaderas y actividades indirectas de las que “viven numerosas familias” de un municipio con 180 habitantes, que entre 2019 y 2021, ha perdido el 35% de su población.
Además, remarcan que las principales actividades económicas de Pozoantiguo son la agricultura y la ganadería, por lo que la “máxima preocupación” del Ayuntamiento debería ser “garantizar su subsistencia”, pero la “obsesión” por imponer unas “condiciones draconianas” a las explotaciones ganaderas y al uso agrícola de sus derivados, solo propiciará que las personas que se dedican a las citadas actividades “opten por otros municipios en los que el trato sea más favorable”.
Distancias
Los afectados aseguran que “lo poco que modifica” la nueva normativa “es gravemente perjudicial para el sector”, ya que “impone unas distancias a las explotaciones que exceden con mucho los límites de la normativa sectorial”.
En este sentido, precisan que, según la normativa sectorial, la distancia mínima a los núcleos de población inferiores a 300 habitantes será de 50 metros, cuando las instalaciones ganaderas tengan menos de 60 UGM y de 100 metros cuando superen 60 UGM.
La nueva ordenanza, como advierten, impone una distancia mínima de 500 metros cuando las explotaciones sean inferiores a 60 UGM y de 1.500 metros cuando las excedan, por lo que las distancias exigidas se multiplican por 10 y por 15.
Tras la desestimación de sus alegaciones, los ganaderos tienen previsto acudir a la vía judicial para recurrir la nueva ordenanza, aunque recuerdan que sobre la anterior derogada por el Ayuntamiento todavía no se han dictado sentencias firmes.
La nueva norma refleja que el Ayuntamiento considera necesario adoptar las medidas oportunas para tratar de mantener y preservar el medio ambiente sobre el que se asienta la actividad ganadera, prevenir y, en último caso, corregir la contaminación.
Para alcanzar el objetivo, confiere prioridad a eliminar, en la medida de lo posible, la negativa repercusión que en la calidad de vida de los vecinos producen las molestias e insalubridades generadas por la actividad ganadera, sobre todo respecto a la producción y vertido de estiércol y purines.
