La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que Azucarera, filial de la británica British Sugar, sigue infringiendo el Reglamento europeo de la Organización Común de Mercado (OCM) “para cuadrar sus cuentas de resultados a costa de los remolacheros españoles”.
Dicho reglamento establece que las condiciones de compra han de regirse por acuerdos interprofesionales escritos previos a la formalización de los contratos de compraventa de remolacha, algo que, según denuncia COAG, no se está dando en la actualidad.
“Esta situación favorece a Azucarera, que prefiere tener al campo fragmentado y desunido porque le permite imponer sus condiciones en los contratos de remolacha, algo que precisamente el Reglamento Europeo pretende evitar”, censura COAG al tiempo que recuerda que es la propia Comisión Europea la que reconoce que “corresponde a las autoridades de los Estados Miembros decidir sobre las medidas que deben adoptarse para hacer frente a esta situación”, por lo que la organización agraria exige que las distintas administraciones que “actúen ya para corregir esta ilegalidad”.
COAG denuncia que de esta forma Azucarera aprovecha “para pagar por debajo de los costes de producción, vendiendo las ayudas como parte del precio ofertado, algo prohibido por la legislación”.
La organización apunta a que estas prácticas, que ya están denunciadas ante la Agencia de Información y Control Alimentarios, son “una fuente de inseguridad y de malestar que han causado el descenso de un 20% de la superficie desde 2018”.
“De esta forma, Azucarera ha hecho recaer sobre el sector remolachero gran parte del ajuste de la crisis estos años, mientras que los agricultores se beneficiarán poco de la recuperación comparativamente”, concluye COAG, aludiendo a un estudio publicado por la Comisión Europea demuestra que los mayores costes del azúcar en España “nunca se ha debido tanto al precio de la remolacha, sino a los mayores costes por tonelada en el procesado”, incluso cuando había AMI.
