La tensión y la confrontación política han marcado el pleno celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Toro en el que, después de tres llamadas al orden por parte del alcalde, Tomás del Bien, la concejala popular, María de la Calle, fuera expulsada, lo que provocó que su compañero de partido, Alejandro González, también decidiera abandonar la sesión.
La expulsión de la edil popular se produjo en el debate de la nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, y por reclamar un turno de réplica.
En el debate sobre la nueva ordenanza, la concejala de Economía, Ángeles Medina, recordó que el Tribunal Constitucional dictó, el 26 de octubre de 2021, una sentencia por la que declaraba inconstitucional la fórmula para el cálculo de las bases imponibles de las plusvalías.
Posteriormente, el 8 de noviembre fue aprobado un Real Decreto-Ley por la que fue modificada la normativa que regulaba el impuesto, pero manteniendo su “naturaleza” con la pretensión de “mejorar el cálculo de la base imponible” para garantizar que todos los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta de un inmueble queden exentos de pagar el tributo y estableciendo dos opciones para el cálculo de la base imponible, entre las que se debe decantar el contribuyente, en función de la que considere más beneficiosa.
La primera opción es calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso y la multiplicación por una serie de coeficientes que se recogen en la nueva ordenanza. Además, como novedad, se fija un coeficiente para aquellas plusvalías generadas en menos de un año y que pueden tener un carácter más especulativo.
Por otra parte, Medina recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque fue dictada el 26 de octubre de 2021 "no adquiere efectividad” hasta su publicación, el 25 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, explicó que la nueva ordenanza contempla diversas bonificaciones, como la que contempla una reducción del 95% en las transmisiones mortis causa a favor de los descendientes y ascendientes, no solo en la transmisión de la vivienda habitual sino también de locales de negocio sobre los que se demuestre que se ejercía una actividad de forma efectiva.
Las bonificaciones deberán ser aprobadas en el pleno, previa petición de los “obligados tributarios” que, también deberán comunicar la “existencia de la transmisión” y en un plazo de seis meses que pueden prorrogarse al tratarse de “operaciones complejas”.
Acto seguido, intervino el concejal del grupo no adscrito, Teodoro Alonso, quien ahondó en los cambios que, por sentencia judicial, afectan al impuesto de plusvalías, a la vez que subrayó que, en el Ayuntamiento de Toro, tras la modificación de la ordenanza se aplicarán, “los coeficientes máximos”.
Además, Alonso recordó que, en la comisión informativa previa al pleno, ya requirió información sobre el número de expedientes afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional y la aprobación del Real Decreto-Ley que, en su opinión, “son nulos de pleno derecho” y, por tanto, los ciudadanos no estarían obligados al pago.
Por parte del PP, María de la Calle, acusó al equipo de Gobierno socialista de “tratar el tema de las plusvalías de una forma irresponsable y temeraria, generando liquidaciones que saben que son nulas, denegando bonificaciones e inventando la prescripción por plazo que no existe en la ordenanza fiscal”.
Ante estos hechos, como denunció, se está obligando a los ciudadanos a interponer recursos y a llegar a la vía judicial, a pesar de que el Ayuntamiento “está siendo condenado a la devolución con intereses y costas”.
De la Calle cuestionó la gestión del alcalde y la concejala de Economía porque “están girando a los ciudadanos plusvalías nulas para que paguen algo que no les corresponde y gastándose el dinero de los toresanos en pleitos que saben que van a perder”.
En este punto, recordó que tres días después de la sentencia judicial sobre las plusvalías, el alcalde firmó una resolución “con cien documentos que sabe que son nulos” por un “afán recaudatorio” y para “dar un sablazo a los ciudadanos que no han presentado recurso”.
Cerró el debate el alcalde, quien instó a los concejales del PP a acudir a los tribunales si consideran que las liquidaciones de las plusvalías cuestionadas son nulas.
Además, acusó a los concejales populares de “incurrir en una irresponsabilidad política sin precedentes”, aunque también advirtió de que el equipo de Gobierno “va a actuar en consecuencia” ante “falsas acusaciones e injurias” sobre presuntos delitos como malversación o prevaricación de los que han sido acusados los concejales socialistas.
Las palabras del alcalde provocaron que la concejala popular solicitara el turno de réplica por “alusiones”, lo que motivó que el alcalde llamara en tres ocasiones al orden a De la Calle, lo que derivó en su expulsión del pleno, que también abandonó su compañero de partido presente en la sesión.
Tras el abandono del pleno por parte del PP, el concejal del grupo no adscrito, Javier Gómez Valdespina, lamentó los hechos y la expulsión de la concejala popular e instó al alcalde a que "reflexione". Además, aseguró que hasta la aprobación de un reglamento que regula la celebración del pleno y los turnos de palabra, el debate entre los grupos políticos era más abierto y fluido.
