El PP ha denunciado públicamente el “afán recaudatorio” del equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Toro después de liquidar, “de forma irregular y premeditada” plusvalías prescritas o nulas.

Los concejales populares explicaron en un comunicado que el PSOE ha girado plusvalías prescritas y otras nulas porque fueron liquidadas en una fecha posterior a la sentencia dictada el 26 de octubre del pasado año por el Tribunal Constitucional por la que se declaró “inconstitucional la fórmula vigente para calcular la plusvalía hasta ese momento".

En este punto, el PP aseguró que, con fecha de 29 de octubre de 2021, tres días después de la sentencia, el alcalde, Tomás del Bien, firmó una resolución por la que se aprobaron las plusvalías correspondientes a un centenar de documentos, por un importe total de 22.149 euros.

El cobro de ese impuesto, según los populares, es “nulo” porque es posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional lo que demuestra, en su opinión, el “afán recaudatorio y el desinterés por la gestión del Ayuntamiento de Toro” del alcalde, ya que tras la publicación del fallo judicial firmó un centenar de documentos que “son nulos”.

Para los concejales Alejandro González y María de la Calle, la forma de actuar del alcalde y su concejala de Economía, Ángeles Medina, “es irresponsable e imprudente” ya que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, “el resto de Ayuntamientos de España han actuado con prudencia” no generando plusvalías hasta no conocer el contenido del fallo.

El Ayuntamiento de Toro, según el PP, en lugar de aplicar el principio de prudencia, ha generado con posterioridad a la sentencia documentos de plusvalía “sabiendo que son nulos”, acción que demuestra “el enorme afán recaudatorio del PSOE”.

Asimismo, los concejales populares remarcaron que como no se generaron las plusvalías antes de la sentencia, para evitar perder esos ingresos el alcalde firmó un centenar de ellas nulas y “sabiendo que si algún ciudadano reclamaba tenían que estimar su reclamación”.

Ante estos hechos, el PP considera que el Ayuntamiento está recaudando impuestos que “no le corresponden” y “abusando de la buena fe de los perjudicados y de que no presentan reclamación”, aunque también cuestiona que, en otros casos, las plusvalías “estarían prescritas” al haber sido liquidadas con posterioridad a los seis meses desde la fecha de escritura pública notificada por la notaría al Ayuntamiento.

Por otra parte, los concejales populares han asegurado que, en Toro, existen ciudadanos de primera como el ex portavoz socialista para quien “se ha hecho un expediente a medida", con el fin de justificar la legalidad de una construcción declarada ilegal por sentencia firme” y ciudadanos de segunda, a los que se deniegan bonificaciones o se giran plusvalías “a sabiendas de que son nulas o que están prescritas abusando de su buena fe", ya que si no presentan una reclamación "van a pagar algo que no les corresponde”.

En otros casos, los afectados tendrán que “gastar tiempo y fondos económicos” para interponer un recurso o acudir a la vía judicial para que se declare nulo “algo que el equipo de Gobierno conoce perfectamente y sabe que lo es”.

Además, el PP ha desvelado que el Ayuntamiento de Toro ha sido condenado por el juzgado Contencioso Administrativos de Zamora, con sentencia firme, por el giro de liquidaciones nulas de pleno derecho en la medida en que “somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

En este sentido, aseguró que ese “afán recaudatorio” lo acaban pagando los toresanos porque el Ayuntamiento debe afrontar el coste de profesionales contratados para su defensa o la condena en costas judiciales.

Aseguró el PP que tiene constancia de que varios perjudicados ya han presentado recursos de reposición y que tienen intención de acudir al juzgado de lo Contencioso Administrativo para “defenderse de una actuación confiscatoria perpetrada por la administración”, aunque también animó a otros afectados a que “defiendan sus intereses” ante liquidaciones nulas y prescritas.

Por último, el grupo popular recordó que en el pleno celebrado el 30 de septiembre de 2021, el PSOE denegó varias bonificaciones del 95% por haber presentado la solicitud “de forma extemporánea”, asunto por el que los interesados han acudido al Procurador del Común que, según el PP, “les ha dado la razón”.