El Procurador del Común de Castilla y León ha admitido a trámite la queja formal presentada por el grupo municipal popular sobre presuntas irregularidades en la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones directas del “Fondo COVID” 2020 del Ayuntamiento de Toro.
La denuncia fue presentada el pasado mes de septiembre por los concejales populares tras revisar el expediente de instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones directas y tras conocer un informe del interventor en el que se apuntaba que el equipo de Gobierno socialista actuó como “órgano gestor y órgano competente para resolver la concesión de las ayudas simultáneamente”.
En un comunicado de prensa el portavoz del PP, Alejandro González, ha asegurado este lunes que la concejala de Economía, Ángeles Medina, “ha realizado tareas de comprobación de los requisitos publicados en las bases de la subvención, haciendo las veces de órgano gestor y confundiendo el Ayuntamiento con su casa”.
En este sentido, González remarcó que las citadas funciones no deben realizarlas en ningún caso los políticos sino los técnicos municipales, por lo que Medina habría incurrido en “una usurpación de funciones injustificada” y el alcalde, Tomás del Bien, “ha resuelto los expedientes gestionados por su concejala”.
Asimismo, González ha asegurado que la tramitación del expediente constituye una “chapuza mayúscula” por las “irregularidades observadas por los técnicos municipales” y que, tras la queja formal presentada por el PP, serán investigadas por el Procurador del Común al ser admitida a trámite.
Por otra parte, los concejales populares han denunciado el “incumplimiento de las bases reguladoras” del procedimiento en las que se establece que “la competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes corresponde a la Junta de Gobierno Local y al departamento de Recaudación e Intervención” y, por tanto, los encargados de examinar que contengan la documentación exigida en las bases y de realizar un trámite de subsanación de errores si procediera.
Los concejales populares también han subrayado que, si en las bases del 2020 se estableció un procedimiento “hay que seguirlo” y que “no tiene que ser el alcalde el que realice llamadas de teléfono a los ciudadanos vendiendo favores como nos transmitieron varios autónomos”.
Por último, apuntaron que la concejala de Economía ha reconocido su error al modificar las bases del “Fondo COVID” del 2021 tras las quejas formuladas por el PP, a la vez que advirtieron de que “estarán pendientes” del procedimiento de gestión y resolución de las ayudas del pasado ejercicio, para “evitar las irregularidades cometidas en la anterior convocatoria y que los políticos no interfieran ni asuman las funciones que deben realizar los técnicos”.
