El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha resulto la sentencia en la que condena a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León a pagar la ayuda de tres euros por tonelada de remolacha entregada en la campaña 2011/12 y cuyo derecho a cobrar negó a los herederos de los beneficiarios que fallecieron con anterioridad a la propuesta de resolución de pago, retrasada hasta el 2019 por la pendencia del procedimiento judicial.

Los hechos derivan de la convocatoria de ayudas a la siembra de remolacha azucarera de la campaña agrícola 2010 /2011 que fue dejada sin efecto por la Administración, lo que derivó en una multitud de procesos judiciales que finalizaron con la concesión de las ayudas a 4.861 productores y una negativa para 627 por no estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Según ha comunicado COAG, OPA al frente del litigio, estas negativas se aplicaron a personas físicas que constaban como “baja” por fallecimiento desde que se hizo la solicitud de la percepción hasta que culminó el proceso. Dichas personas impugnaron tal acuerdo, de lo que resultó una resolución por la que se estimaba la queja de 395 interesados y se desestimaba la de otros 126, dentro de los cuales se hallaban quienes han promovido este proceso, representados por el abogado de COAG, José Ramón Pérez Aparicio.

Ahora, en su sentencia, el TSJ llega a la conclusión de que “la parte actora en este litigio ha sido tratada de manera diferente y perjudicial a como lo han sido otras personas aquejadas de los mismos problemas”.

La sentencia aclara además que “el heredero sucede al difunto por el hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, entre los que no se acaba de ver la razón de excluir la percepción de una subvención por el cultivo de remolacha años atrás”, concluye.