El presidente del canal Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros, ha denunciado públicamente los “graves problemas” que la comunidad sufre desde hace años por los “continuos atropellos” de un comunero, aunque también acusó a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de “no velar por los intereses” de los 1.400 regantes de la entidad.
En concreto, Ballesteros aseguró que los problemas se relacionan con la finca de Monte la Reina, que definió como una “zona negra” para la comunidad, y con su propietario.
El último capítulo de una sucesión de “atropellos” es una sentencia judicial que condena a la comunidad de regantes a abonar 244.647 euros a la empresa Teso Grande, también propiedad del comunero, por la explotación de derechos mineros.
Recordó el presidente de la comunidad que, en 2008, se iniciaron las obras de modernización del canal que llevaban aparejadas expropiaciones de los terrenos que fueran necesarios para su ejecución.
En el marco del proyecto se incluyó la adecuación de la estación de bombeo del sector II en la parcela 10001 del polígono 13 de Monte la Reina, una parcela que “no se estaba explotando agrícolamente a la firma del acta de ocupación”, matizó Ballesteros.
Al acto de firma del acta de ocupación de la parcela para adecuar la estación de bombeo se personaron Monte la Reina Sociedad Cooperativa, como propietaria del terreno, y Teso Grande, que reclamó derechos mineros mediante una “hoja de aprecio” por la que exigía el pago de 1.276.588 euros, mientras que la comunidad presentó un informe pericial, en el que se reflejaba que la extracción minera en la parcela “no era viable”.
El 24 de noviembre de 2011 se autorizó la extracción minera de los terrenos y la resolución sobre el justiprecio recayó en el comité territorial de la Junta que, según Ballesteros, “deja abandonada por segunda vez a los regantes”, ya que en la expropiación “tampoco defendió” sus intereses, porque “consintió que se indemnizara por terreno de regadío”, por coto de caza “en una parcela limitada por una carretera y una línea ferroviaria” o por impacto ambiental. Ocho años después el comité territorial de la Junta fijó un justiprecio de 72.000 euros.
Teso Grande decidió recurrir el justiprecio ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, en 2019, se celebró la vista oral del juicio en la que declararon el perito judicial y otros dos en representación del demandante y de la comunidad de regantes.
A finales de junio de 2020, se dictó sentencia que, según Ballesteros, se basa en el informe del perito judicial, fallo que la comunidad decide acatar y no recurrir, al reconocer solo el 12% de la cantidad reclamada.
El 4 de octubre de 2021 se declara la “firmeza” de la sentencia y la comunidad tiene que abonar por “bienes y derechos expropiados” a Teso Grande 166.634 euros, a los que hay que sumar los intereses acumulados a lo largo del proceso, por lo que la cantidad final asciende a 244.647 euros.
Ballesteros alerta de un posible colapso del riego por una “balsa”
Al margen de la sentencia, Ballesteros puntualizó que los problemas con el comunero se suceden desde hace años y que, ya en 2015 cuando asumió la presidencia del canal, comunicó a la CHD "presuntas irregularidades" relacionadas con la finca de Monte la Reina sin que, hasta la fecha, se hayan adoptado medidas.
En este punto, recordó que por la parcela discurre más de un kilómetro del canal, que está “flotando” por “un gran vaciado” en forma de balsa ejecutado en la zona de afección”, hecho denunciado ante la CHD que “es la dueña” del Toro-Zamora, al ser “un canal general del Estado”.
Además, aseguró que desde la comunidad se han redactado informes periciales de daños, se han levantado actas notariales y “se han denunciado innumerables atropellos”, como “el desbordamiento del vaciado” que ocupa unas 20 hectáreas de terreno y que se usa como balsa de riego.
El problema radica en que la balsa se llena a cotas que superan las del canal y que aporta “arrastres de tierra que, para un riego modernizado, suponen una lija para las bombas”, por lo que podría provocar un “colapso” de la infraestructura y dejar sin riego más de 5.000 hectáreas. Además criticó que en la finca se han permitido, presuntamente, talas de árboles o vertidos, "pero nadie hace nada".
