El canal Toro-Zamora ha instado a las administraciones a que “velen” por los intereses de los 1.400 regantes de la comunidad y a que cumplan con sus competencias y obligaciones ante las presuntas irregularidades cometidas por un comunero.
El presidente del canal Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros, ha expuesto este miércoles en la estación de bombeo de Monte la Reina, los “graves problemas” que, desde “hace muchos años” afectan a la comunidad, relacionados con la finca de Monte la Reina, sin que administraciones como la Junta o la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) adopten medidas para subsanar supuestos “atropellos” por parte del citado comunero.
A modo de ejemplo, Ballesteros citó una sentencia judicial firme que condena a la comunidad a abonar 244.647 euros a la empresa “Teso Grande”, propiedad del comunero, por la explotación de derechos mineros.
Recordó el presidente del canal que, en el año 2008, se iniciaron las obras de modernización de la infraestructura, que llevaban aparejadas la expropiación de los terrenos que fueran necesarios para su ejecución.
En el marco del proyecto se incluyó la adecuación de la estación de bombeo del sector II en la parcela 10001 del polígono 13 de Monte la Reina, una parcela que, según Ballesteros, “no se estaba explotando agrícolamente a la firma del acta de ocupación el 11 de octubre de 2008”.
Al acto de firma del acta de ocupación, según el presidente del canal, se personaron Monte la Reina Sociedad Cooperativa, como propietaria del terreno, y Teso Grande que reclamó los derechos mineros del terreno, mediante una “hoja de aprecio” por la que exigía el pago de 1.276.588 euros, mientras que la comunidad presentó un informe pericial, en el que se reflejaba que la extracción minera en la citada parcela “no era viable”.
El 24 de noviembre de 2011 se autorizó la extracción minera de los terrenos y la resolución sobre el justiprecio recayó entonces en el comité territorial de la Junta que, según Ballesteros, “deja abandonada a la comunidad de regantes por segunda vez”, ya que en la expropiación de la propiedad “tampoco defendió los intereses de los comuneros”, porque en la firma del acta de ocupación de los terrenos “no consta la documentación que acreditara la titularidad de Monte la Reina como propietaria”, pero “consintió que se indemnizara por terreno de regadío e infraestructuras de riego cuando “ni lo es ni tenía infraestructuras montadas”, por coto de caza “en una parcela limitada por una carretera nacional y una línea ferroviaria” o por “impacto ambiental”.
Ocho años después, en 2017, el comité territorial de la Junta resuelve y fija un justiprecio de 72.000 euros en concepto de “valoración de la expectativa producida”. La empresa Teso Grande decidió entonces recurrir el justiprecio fijado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, en 2019, se celebra la vista oral del juicio en la que declaran el perito judicial y otros dos en representación del demandante y de la comunidad de regantes.
A finales de junio de 2020, se dicta sentencia que, según Ballesteros, “se basa únicamente” en el informe del perito judicial, fallo que la comunidad de regantes decide no recurrir al reconocer solo el 12% de la cantidad reclamada.
El 4 de octubre de 2021 se declara la “firmeza” de la sentencia y la comunidad de regantes tiene que abonar como justiprecio por “los bienes y derechos expropiados” a Teso Grande 166.634 euros, a los que hay que sumar los intereses legales acumulados durante los ocho años que el comité territorial de valoración tardó en emitir una resolución y otros cuatro por la demora judicial, por lo que la cantidad final asciende a 244.647 euros.
En este punto, el presidente del canal recordó que la comunidad ya tuvo que abonar a la propiedad del terreno, que se extiende por 19.000 metros cuadrados, un total de 125.000 euros por su expropiación para llevar a cabo las obras de modernización.
Por otra parte, Ballesteros no dudó al afirmar que Monte la Reina se ha convertido en una “zona negra” para la comunidad, ya que a la sentencia judicial hay que sumar que por la parcela discurre más de un kilómetro del canal, que está “flotando” por “un gran vaciado realizado en su zona de afección”, hecho que ha sido denunciado ante la CHD que “es la dueña” del Toro-Zamora, “un canal general del Estado”.
Además, aseguró que desde la comunidad se han redactado informes periciales de daños, se han levantado actas notariales y “se han denunciado innumerables atropellos”, como “el desbordamiento del vaciado”, porque una balsa de riego ubicada en la finca se llena a cotas que superan las del propio canal y se producen vertidos constantes de arrastres de áridos, así como la supuesta tala de encinas , pero “nadie hace nada”, subrayó Ballesteros.
Por último, Ballesteros advirtió de un posible "colapso" del canal Toro-Zamora provocado por las supuestas irregularidades denunciadas que dejaría sin riego a unas 5.000 hectáreas, así como de "posibles daños personales".
