La comunidad de regantes del canal Toro-Zamora deberá abonar a “Teso Grande” 244.507 euros, indemnización que incluye los intereses acumulados desde la interposición de una demanda judicial por parte de la empresa y basada en una reclamación por la explotación de derechos mineros de una parcela.
El presidente del canal Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros, reconoció que la sentencia que, en principio no será recurrida, supone un “duro varapalo” para la comunidad de regantes, aunque el juez tan solo ha estimado en parte la reclamación realizada por el demandante, que exigía a la comunidad de regantes el pago de 1.276.588 euros por la explotación de los derechos mineros de una parcela.
En este punto, Ballesteros reconoció que el gabinete jurídico con el que trabaja la comunidad ha recomendado no recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y, por tanto, acatará el fallo judicial y abonará la indemnización, aunque considera que, en este caso, “la comisión territorial de valoración de la Junta no ha realizado bien su trabajo”.
Por otra parte, Ballesteros remarcó que, aunque el juzgado ha estimado en parte la reclamación del demandante, expertos en la materia consideran que de la parcela sobre la que se exigía el pago de derechos mineros “no se puede extraer nada” y que no reúne las condiciones ni cumple las directrices exigidas en la Ley de Minas para reclamar una compensación.
Además, la comunidad de regantes sigue manteniendo que el demandante no disponía de los derechos mineros de la parcela cuando las obras de renovación del canal Toro-Zamora fueron declaradas de “interés general” y la comunidad tuvo que desembolsar 129.000 euros para poder ejecutar el proyecto de modernización de regadíos.
El presidente del canal Toro-Zamora considera que, en este caso, la comisión territorial de valoración de la Junta debería “haber hecho los deberes”, entidad a la que también recrimina la falta de apoyo a la comunidad de regantes ante una reclamación judicial que considera “injusta” porque, como reiteró, la solicitud de explotación de derechos mineros no se ajusta a la actual Ley de Minas.
La citada sentencia no es la única sobre la que la junta directiva ha informado recientemente a los regantes del canal, aunque en otros dos casos los fallos judiciales han sido favorables a la comunidad.
Una de las sentencias condena a un comunero, que reclamó “daños patrimoniales” ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a abonar las costas judiciales. En el segundo caso, una cooperativa tendrá que abonar las costas judiciales y 14.000 euros después de que haya sido rechazada una reclamación por la que pretendía extraer agua de unos terrenos de secano.
La junta directiva informó a los regantes sobre las últimas sentencias judiciales en la asamblea general celebrada recientemente en Coreses.
