Los recursos judiciales interpuestos por dos empresas eléctricas y la necesidad de adaptar una normativa municipal a la jurisprudencia del Tribunal Supremo han obligado al Ayuntamiento de Toro a modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos en el municipio.

La ordenanza fue aprobada en pleno el octubre de 2020 y, posteriormente, dos empresas eléctricas interpusieron sendos recursos contenciosos-administrativos, que derivaron en la suspensión cautelar de la aplicación de la normativa y el Tribunal Supremo se pronunció sobre la necesidad de que, a la hora de fijar el gravamen, se tuviera en cuenta la intensidad del uso de suelo público.

Por estos motivos y tras considerar la necesidad de adaptarse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento ha decidido modificar la ordenanza, aunque previamente procedió al allanamiento de las pretensiones de las empresas que interpusieron recursos judiciales.

La concejala de Economía, Ángeles Medina señaló que el Ayuntamiento podría haber optado por una “sencilla modificación” de la normativa, pero con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los funcionarios encargados de la tramitación de la normativa se ha iniciado un nuevo procedimiento.

No obstante, puntualizó que en la ordenanza tan solo se incluyen dos modificaciones nuevas para adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El hecho imponible de la tasa que regula la normativa municipal que ahora será modificada es la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo con instalaciones de transporte de energía mediante elementos como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, líneas propias de distribución de energía eléctrica, gas, agua y otros suministros energéticos, así como instalaciones de bombeo.

La oposición en bloque se abstuvo en la votación sobre la modificación de la ordenanza municipal tras asegurar que no había contado con tiempo suficiente para analizar la documentación.