El PP ha solicitado al Consejo de Cuentas de Castilla y León la fiscalización del procedimiento de concesión de las subvenciones con cargo al “Fondo COVID” de Toro tras detectar presuntas “irregularidades”, aunque también ha elevado una queja formal al Procurador del Común.

Los concejales del grupo municipal popular han decidido acudir al Consejo de Cuentas y al Procurador del Común, después de conocer un informe de Intervención, que calificaron de “demoledor” y que, como aseguraron, refleja “la existencia de irregularidades” en el trámite de los expedientes, “al usurpar” la concejala de Economía, Ángeles Medina, las funciones de los técnicos, “con el consentimiento” del alcalde de Toro, Tomás del Bien.

Una vez revisado el expediente de la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones directas, el PP ha denunciado que, según el informe de Intervención, “los políticos socialistas han actuado como órgano gestor y competente” para resolver la concesión de ayudas.

El portavoz popular, Alejandro González, aseguró en un comunicado, que la concejala de Economía “ha realizado tareas de comprobación de los requisitos publicados en las bases de la subvención, haciendo las veces de órgano gestor”, cometidos que, en su opinión, “no deberían ser realizados en ningún caso por los políticos sino por los técnicos”, a la vez que cuestionó que el alcalde haya resuelto los expedientes gestionados por Medina.

Para González, la tramitación del expediente de concesión de subvenciones “constituye una chapuza mayúscula por las irregularidades observadas por los técnicos municipales”, por lo que el PP ha decidido ponerlas en conocimiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León para su fiscalización, además de formular una queja ante el Procurador del Común.

Por otra parte, el grupo popular ha denunciado el incumplimiento de las bases reguladoras, en las que se establece que la competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes corresponde a la Junta de Gobierno Local y al Departamento de Recaudación e Intervención, que “examinarán que los expedientes contengan la documentación exigida en las bases, realizándose un trámite de subsanación de errores si procediera”.

En este sentido, la concejala popular, María de la Calle, denunció que, si en las bases se establece un procedimiento “hay que seguirlo” y, por tanto, “no tiene que ser el alcalde el que realice llamadas a los ciudadanos vendiendo favores”.

Además, considera que el Ayuntamiento debería haber abierto el trámite de subsanación de errores en caso de ser necesario, aunque para su apertura “tiene que haber una resolución que lo indique”.

A día de hoy, como apuntó De la Calle, “los solicitantes, hayan cobrado la subvención o no, todavía no tienen ninguna resolución de concesión, denegación o subsanación” y, como cuestionó, “solo algunos privilegiados han recibido la llamada del alcalde para comunicárselo”.

Por último, los concejales populares destacaron que “ahora entendemos el oscurantismo del equipo de Gobierno en relación con el expediente y las reticencias del alcalde para darnos acceso al mismo”, a la vez que recordaron que “han tenido que pasar más de cuatro meses y medio para que hayamos tenido acceso a una copia de los informes”.