La Diputación ha desmentido rotundamente las acusaciones vertidas por el PSOE sobre presuntos casos de “enchufismo” en la contratación de trabajadores para la residencia Virgen del Canto de Toro y ha acusado a los socialistas de “tergiversar” los informes técnicos con fines partidistas.

El diputado de Recursos Humanos, José Luis Prieto Calderón, destacó que la contratación de los trabajadores para el centro geriátrico se enmarca dentro del “Plan Covel”, por el que la Junta ha concedido una subvención de 1.080.000 euros a la institución provincial para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia y ofrecer una oportunidad laboral a personas en situación de desempleo.

En este punto, remarcó que, con la subvención concedida, no solo se han contratado cuatro auxiliares para la residencia toresana, sino que, en total, se han incorporado 108 trabajadores a distintos departamentos de la Diputación por un periodo de seis meses.

En concreto, al margen de los empleados contratados para la residencia, 55 se han incorporado al departamento de Medio Ambiente para realizar trabajos de prevención de incendios en los entornos de las poblaciones del medio rural; 22 al Parque de Maquinaria para adecuar carreteras de la Red Provincial o una veintena al área de mantenimiento.

Por otra parte, Prieto apuntó que el requisito indispensable para participar en los procesos selectivos, según las bases de la convocatoria del ECyL, era estar en una situación de desempleo y ser parado de larga duración.

Además, aclaró que el proceso selectivo comienza en la preselección que realiza el Ecyl, que es el organismo que concede la subvención y marca las normas de la convocatoria. El citado organismo elige dos o tres personas por puesto y, posteriormente, son los técnicos de los distintos departamentos de la Diputación los que proceden a la selección definitiva de los candidatos, en un proceso en el que no interviene ningún cargo político de la Institución, “como es sabido por los diputados provinciales que componen la Corporación, incluidos los del PSOE”, recalcó Prieto.

Además, añadió que en el caso de las contrataciones realizadas en la residencia de Toro se darán las oportunas explicaciones en la Comisión correspondiente, si así se solicita por parte de algún grupo político y una vez recabada la información de los órganos de selección.

Los servicios técnicos de la Diputación estudiarán si el portavoz socialista ha incurrido en algún delito al hacer públicos datos personales de trabajadores de la Institución, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos y, de ser así, se tomarán las medidas legales oportunas para “resarcir esta indeseable situación que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores”.

De otro lado Prieto acusó al portavoz socialista y a su grupo de diputados de “retorcer y tergiversar los informes realizados por los técnicos de la casa”, que son los que velan por la legalidad de todas y cada una de las decisiones que se toman en la Diputación.

Precisamente, según puntualizó, fueron los técnicos de la Diputación quienes manifestaron su disconformidad en torno al proceso selectivo, que establece que solo pueden ser contratados parados de larga duración, al estimar que la convocatoria también debería ampliarse a trabajadores que quisieran optar a estos puestos de trabajo.

Por las razones expuestas, Prieto ha denunciado una “persecución política e injustificada” hacia él y ha invitado a los diputados del PSOE a que “lleven a cabo una oposición constructiva y dejen de manchar su buen nombre en base a acusaciones infundadas e injustas”.