La auditoría interna realizada durante los últimos meses en el Ayuntamiento de Toro ha desvelado la existencia de “facturas del cajón”, por valor de 541.000 euros que, aunque fueron abonadas por anteriores equipos de Gobierno del PP, no aparecían en las cuentas municipales y para su pago no se siguieron los preceptivos trámites legales, ni el Pleno levantó los reparos emitidos por el servicio de Intervención.

El alcalde, Tomás del Bien, ha destacado este viernes, la “mala praxis” de los anteriores responsables municipales en cuanto al reconocimiento del pago de facturas lo supone un presunto delito de malversación de fondos públicos que, no obstante, ante el tiempo transcurrido está prescrito.

La concejala de Economía, Ángeles Medina, recordó que uno de los compromisos que asumió el equipo de Gobierno socialista fue realizar una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento. En este punto, destacó que, además de que no se presentaron las cuentas generales a partir del 2011 y encontrar cerca de tres millones de euros de facturas a proveedores pendientes de abonar, la auditoría ha revelado la existencia de “facturas del cajón”, tal y como detalla el Interventor en un informe, por valor de 541.000 euros que se corresponden con la década anterior a la llegada del PSOE a la Alcaldía de Toro y, por tanto, pertenecen a la gestión de anteriores equipos de Gobierno del PP.

Matizó Medina que las citadas “facturas del cajón” fueron pagadas, pero “no aparecen en ninguna de las cuentas del Ayuntamiento, ni a nivel presupuestario ni a nivel contable”. Además, remarcó que las facturas se recogían en una cuenta denominada “cajón desastre” por lo que tan solo conoce su existencia “quien realiza esas operaciones”.

Ante estos hechos, PSOE ha decidido “sacar a la luz” las facturas para poder eliminarlas de la contabilidad municipal y, por este motivo, propondrá al pleno que se celebrará el lunes crear una partida en el presupuesto aprobado para el presente ejercicio con el fin de reflejar las facturas en las cuentas que, como matizó Medina, “no pasaron ninguno de los trámites legales establecidos para el pago de cualquier factura dentro de una administración pública”.

La concejala de Economía también remarcó que las citadas facturas entraron en el Ayuntamiento y los servicios de Tesorería e Intervención emitieron informes de disconformidad, reparos que no fueron levantados por el Pleno al que corresponde en exclusiva la facultad de reconocer esas facturas.

En cuanto a los pagos que se corresponden con las facturas, la concejala de Economía subrayó que pertenecen a subvenciones, inversiones, intereses de demora de préstamos o gastos corrientes, al margen de facturas emitidas por proveedores habituales, viajes o de compras realizadas en El Corte Inglés.

Además, remarcó que durante una década “se ha usurpado la función del Pleno por parte del anterior alcalde, Jesús Sedano, con la connivencia de los concejales que formaban parte de sus equipos de Gobierno”.

El hallazgo de las “facturas del cajón” explica, según Medina, que el Ayuntamiento no presentara cuentas generales durante varios ejercicios, ya que “si se hubieran conocido, la Fiscalía tendría que haber actuado de oficio”.