Azucarera tendrá que abonar 409.376 euros a los remolacheros zamoranos por no respetar el precio pactado para la campaña 2019-2020 y recogido en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI).
La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid ha dado la razón a COAG Castilla y León sobre la demanda presentada en julio de 2019 contra la industria por haber reducido, de forma unilateral, el precio de la remolacha pactado en el AMI. La consecuencia del citado incumplimiento es que Azucarera tendrá que indemnizar a los agricultores que entregaron remolacha en sus fábricas durante la campaña 2019-2020, a los que tendrá que abonar el precio reflejado en el AMI.
La indemnización total asciende a 4,2 euros por tonelada de remolacha tipo entregada y, en total, Azucarera tendrá que abonar a los agricultores de la zona norte más de cuatro millones de euros. Según las estimaciones de COAG a los remolacheros de Castilla y León les corresponden más de tres millones de euros, de los que 409.376 euros tendrán que ser abonados a los cultivadores de la provincia de Zamora.
Por otra parte, la organización agraria recordó que, en 2019, un auto dictado por el Tribunal Supremo, obligó la consejería de Agricultura de la Junta a devolver tres euros por tonelada que suprimió a los remolacheros en el marco de los planes de ajuste aplicados por la crisis. En este caso, el montante total del pago ascendió a 9,4 millones de euros, aunque, tras hacerse efectivo el pago, se quedaron fuera algunos beneficiarios por fallecimientos o defectos de forma.
El importe total que la Alianza UPA-COAG ha conseguido revertir a los remolacheros, “tras los dos litigios más importantes para el campo en los últimos años”, supera los 13,5 millones de euros, de los que 12,5 han ido a parar a manos de los cultivadores de Castilla y León.
Por otra parte, aseguró que el laudo de la Corte de Arbitraje es “trascendental” para el sector remolachero ya que, de cara a futuros AMIS, establece que las organizaciones profesionales agrarias pueden negociar con cláusulas de reparto de valor y que la negociación del precio base la podrán realizar los agricultores de forma individual o colectiva.
