Las pretensiones del Ayuntamiento de ceder a la Jefatura Provincial de Tráfico las competencias sancionadoras en materia de tráfico, por la reducción de la plantilla de la Policía Local, fueron rechazadas ayer en el pleno extraordinario y urgente convocado para este fin, al producirse un empate en la votación por la ausencia, por motivos personales y laborales, de cinco de los nueve miembros del equipo de Gobierno. El voto en contra de los cuatro concejales del PP impidió que el acuerdo fuera respaldado por la mayoría de la Corporación Municipal, tal y como exige la legislación vigente, por lo que la delegación de competencias pretendida no se podrá llevar a efecto, lo que implicará la caducidad y prescripción de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
Ángeles Medina, teniente de alcalde del Ayuntamiento, justificó la urgencia de la sesión plenaria en que, en la actualidad, una misma persona se está encargando de las fases de instrucción e iniciación del procedimiento sancionador, tras la imposición de una multa de tráfico por parte de la Policía Local. Ante la imposibilidad de separar ambas fases, el equipo de Gobierno planteó la posibilidad de que las competencias fueran delegadas a la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que de no adoptarse esta solución las sanciones podrían ser consideradas "nulas de pleno derecho". Remarcó Medina que los procedimientos sancionadores se corresponden con el año 2018 y que no es posible esperar al pleno ordinario de este mes para aprobar la delegación de competencias porque, de lo contrario, los expedientes iniciados "estarían prescritos y caducados". Estas explicaciones no convencieron a los concejales del PP que votaron en contra, decisión que impedirá ceder las competencias a la Jefatura Provincial de Tráfico. Natalia Ucero, concejala del PP, justificó el voto en contra de su grupo en que la documentación facilitada a la oposición tan solo contenía un informe del abogado del Estado que detalla las pautas a seguir para hacer efectiva la cesión. Este documento, según Ucero, establece que "deben existir unas razones justificadas o una insuficiencia de servicios municipales para delegar las competencias", a la vez que reclamó que al expediente se incorpore un informe económico. En respuesta a estas afirmaciones, Medina aclaró que el Ayuntamiento no perdería ingresos tras la delegación ya que tras la correspondiente liquidación, en este caso con la Jefatura Provincial de Tráfico, los ingresos reverterían a las arcas municipales. De hecho, se mostró convencida de que los ingresos podrían aumentar si las competencias fueran delegadas, reflexión que justificó en la reducción de la plantilla de la Policía Local.
