Las organizaciones agrarias han valorado de forma positiva el anuncio sobre el abono, a lo largo de este año, de 10 millones de euros que la Junta adeuda a los remolacheros de la región y que se corresponden con una ayuda de la campaña 2011-2012, aunque también han coincidido al señalar que varias sentencias judiciales obligan a la consejería de Agricultura a afrontar el pago. Por un lado, la Alianza UPA-COAG subrayó que la medida no se trata de un "regalo de Reyes", ya que una sentencia dictada en julio del 2016 obligaba a la Junta a hacer frente al pago de la ayuda de tres euros por tonelada a los cultivadores, incluidos los que no acudieron al juzgado.
Recordó la Alianza que el Gobierno regional rompió el acuerdo suscrito en marzo del 2008 por la consejería de Agricultura, Azucarera y ACOR y no concedió la ayuda, lo que motivó que la Alianza emprendiera distintas actuaciones a nivel judicial. Tras la desestimación de un recurso de reposición por parte de la Junta, en junio de 2013 la organización agraria decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, en 2016, dictó una sentencia favorable a la demanda presentada y que obligaba a la Junta a tramitar todas las ayudas de remolacha de la PAC 2011 y a abonarlas con intereses. La consejería de Agricultura recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo, pero el pasado domingo anunció que abonará la ayuda, lo que a juicio de la Alianza responde a una estrategia de eludir el pago de los intereses acumulados.
Para la organización agraria ASAJA, el pago de la ayuda es "inevitable" y, a su juicio, supone una "rectificación" a la que el Gobierno regional se ha visto obligado, a pesar de que "ha tratado de agotar todas las vías para dilatar el proceso". Además, lamentó que la decisión se adopte ahora "en función del momento electoral" y se utilice de forma "personalista", ya que se "ocultó" en la última reunión del Consejo Regional Agrario.
