Las diferentes organizaciones agrarias han reaccionado al anuncio realizado por Azucarera sobre el recorte de los precios, decisión que, a su juicio, pone en riesgo la continuidad del sector y el futuro de las fábricas y de sus empleados. Fernando García, responsable del sector remolachero de Coag, destacó que la industria ha justificado la decisión de rebajar el precio en la necesidad de "reducir costes", sin tener en cuenta que el agricultor, en años como el actual con una campaña irregular, ya está soportando importantes pérdidas y "nadie nos las paga". Por este motivo, como anunció García, Coag estudiará acudir al "arbitraje" para que la empresa cumpla con lo establecido en el AMI y que mantenga el precio de 42 euros hasta el año 2020. En la misma línea, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) estudiará emprender acciones legales contra Azucarera por "romper unilateralmente el marco legal" que regula el sector remolachero, aunque también acusó a la industria de poner en peligro el presente y el futuro de las fábricas, de los productores y de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos. Del mismo modo, precisó que la rebaja del precio anunciada "es inasumible" para los agricultores, sobre todo porque en la actualidad ya están obteniendo un "escaso margen de beneficio". Por otra parte, UPA se opuso ayer a la propuesta de la empresa de intentar compensar la rebaja con la cotización del precio del azúcar en los mercados, ya que "no asegura la percepción de un precio digno y rentable".

Por otra parte, el sindicato agrario Asaja no comparte "ni los motivos ni la decisión de rebajar los precios", ya que aunque la industria justifica la reducción en la caída de las cotizaciones del azúcar en el mercado y en la merma de sus beneficios, el acuerdo AMI se firmó para cinco años, "periodo en el que ha tenido ejercicios con beneficios muy generosos" como en 2017 "cuando ganó 28,9 millones de euros". Lamentó Asaja que Azucarera haya dado un nuevo paso "desacertado" que tendrá consecuencias directas en la reducción de la superficie de siembra y en la pérdida de puestos de trabajo.