El Ayuntamiento tratará de agilizar la resolución del expediente incoado por el hundimiento parcial del palacio de Bustamante registrado el pasado mes de febrero y que, por el momento, no ha podido concluirse, lo que ha generado quejas de los vecinos que han mostrado su preocupación por el estado de inmueble, sobre todo ante el temor de que puedan producirse nuevos desplomes y que afecten al contiguo pabellón municipal de deportes. Esta preocupación la comparte el alcalde de Toro, Tomás del Bien, quien ha reconocido que desde la concejalía de Obras y Urbanismo se han seguido todos los trámites preceptivos para intentar revertir la situación del palacio, aunque el procedimiento se ha visto afectado por el cambio de propiedad del antiguo inmueble que, al parecer, ha sido embargado por una entidad bancaria al empresario toresano que lo adquirió en 2007.

Tras la paralización hace años de las obras de reforma por la escasez de recursos económicos, el edificio ha sufrido un notable deterioro por su abandono y el pasado mes de febrero sufrió un desplome parcial. Desde entonces, como apuntó Del Bien, el Ayuntamiento "ha utilizado todos los instrumentos que tiene su alcance" para intentar solventar el problema y que el palacio sea objeto de una intervención para garantizar su conservación. Pocos días después del hundimiento, la Comisión Territorial de Patrimonio acordó solicitar a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para su conservación e instó al Ayuntamiento a que adoptara decisiones al respecto y en el ámbito de sus competencias. Un mes más tarde, los arquitectos del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Zamora emitieron un informe sobre el estado del palacio, que recogía también las actuaciones urgentes e inmediatas que precisaba, informe que fue remitido al Ayuntamiento. Por su parte, la entidad local encargó otro informe al arquitecto municipal con el objetivo de incoar un expediente y emitir una orden de ejecución. Para poner en marcha las medidas que legalmente procedan, el Ayuntamiento debe añadir al expediente un informe jurídico de los servicios técnicos.