La campaña de vendimia en los municipios amparados por la Denominación de Origen Toro encara en estos días su recta final y a muchos viticultores no les salen las cuentas porque no han obtenido la rentabilidad que esperaban por sus uvas, a pesar de que este año confiaban en que la mayor calidad del fruto y la reducida cosecha recogida en 2017 propiciaran un incremento del precio y, por tanto, un mayor beneficio.

Como en campañas anteriores, algunas bodegas han esperado a conocer el precio que estipulaba una de las industrias vinícolas de mayor capacidad de la zona para cerrar acuerdos de compra con los viticultores. El precio ofertado por la citada firma ha sido de 45 céntimos de euro por cada kilo de uva tinta que superara los 13 grados y que engloba la totalidad del viñedo, sin establecer diferencias entre cepas antiguas y los bacillares jóvenes. No obstante, este precio medio no ha sido aplicado por otras bodegas que han pagado cantidades inferiores por el kilo de uva procedente de viñedos de reciente plantación, mientras que el fruto de cepas antiguas ha alcanzado un precio superior, ya que se destinan a la elaboración de vinos selectos.

Al igual que en años anteriores, algunas bodegas amparadas por el sello de calidad toresano han optado por la fórmula de establecer "pactos directos" con los viticultores para adquirir la producción de un viñedo concreto o de un pago específico, conscientes de la calidad de su fruto. En la mayoría de casos, estos acuerdos directos permiten a las industrias vinícolas adquirir pequeñas partidas de uvas procedentes de viñedos antiguos, que son muy demandas por algunas firmas y que las destinan a elaborar vinos de contrastada calidad y muy apreciados en el mercado por los consumidores más exigentes.

El precio medio de 45 céntimos de euro por cada kilo de uva ha generado cierto malestar y desánimo entre viticultores de la Denominación de Origen Toro ya que, como aseguran, con la rentabilidad obtenida por hectárea de viñedo no cubren los costes de producción. En este punto, recordaron que el viñedo precisa unos cuidados a lo largo de todo el año que obligan a estar muy pendiente de la evolución del cultivo. A las labores de poda, la aplicación de tratamientos para evitar daños provocados por enfermedades comunes como el mildiu o el oídio, los viticultores tienen que sumar otros gastos específicos de la campaña de vendimia, durante la que tienen que contratar jornaleros para la recolección del fruto en su estado de maduración óptimo, además de asumir el coste del transporte del producto hasta las bodegas, entre otros.

Ante la escasa rentabilidad obtenida por sus viñedos, viticultores de la zona han decidido poner a la venta los derechos o proceder al arranque de las cepas para destinar las parcelas de su propiedad a la siembra de otros cultivos que precisan menos cuidados y con los que obtienen una mayor rentabilidad, cultivos como la cebada. En los últimos años, se ha incrementado la adquisición de derechos por parte de las bodegas, con lo que consiguen contar con sus propias plantaciones de uva y reducir los costes de elaboración, ya que no precisan el fruto que producen los agricultores o el que adquieren lo seleccionan de viñas concretas. La venta de derechos o el arranque de viñedos no garantizan el relevo generacional en una zona de gran tradición vitivinícola. En la actualidad la Denominación de Origen Toro cuenta con alrededor de 6.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid y con cerca de un millar de viticultores.

Viticultores de la zona también han manifestado su malestar por la decisión de no aceptar la propuesta de una organización agraria de incrementar los rendimientos máximos de producción de uva por hectárea hasta un 15%, en un año en el que el fruto es de mayor calidad y en el que la cosecha será más abundante que en 2017. Con este aumento de los rendimientos, que si se ha autorizado en otras zonas productoras, los viticultores podrían haber obtenido mayores ingresos, al haber podido entregar más cantidad de fruto en las bodegas.

La campaña de vendimia comenzó el pasado 10 de septiembre y en los lagares de las bodegas ya han entrado alrededor de 18 millones de kilos de las cuatro variedades de uva autorizadas. Las previsiones realizadas por los técnicos apuntan a que la cosecha final rondará entre 20 y 21 millones de kilos de uva, por lo que será más abundante que la del pasado año cuando en la zona se recogieron 15,7 millones de kilos.