El Ayuntamiento de Toro culminó ayer la demolición de las casas prefabricadas de madera que, desde hace años, ocupaban tres familias, después de que un informe elaborado por los técnicos del servicio de Obras y Urbanismo concluyera que las viviendas no reunían unas condiciones mínimas de salubridad y que ya habían agotado su vida útil, por lo que no era posible acometer reparaciones. Una de las familias ha sido realojada en una vivienda social, mientras que otra ha decidido asumir el pago de un alquiler y la tercera desalojó recientemente la vivienda prefabricada que fue demolida en la mañana de ayer. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha mediado ante la Junta y ante el Centro de Acción Social (CEAS) de Toro, dependiente de la Diputación Provincial, para intentar que las tres familias que ocupaban desde hace años las casas prefabricadas de madera fueran realojadas en viviendas "más dignas". Dos de las casas de madera fueron derribadas hace algunas semanas y la última que se mantenía en pie, que hasta hace pocos días ocupaba una familia, fue demolida en la mañana de ayer. Una vez derribadas las construcciones, el Ayuntamiento se encargará de gestionar la retirada de los restos de las casas, así como de su reciclaje y la limpieza de la parcela que ocupaban desde hace años.

Precisamente, el dueño de la citada parcela había instado en varias ocasiones al Ayuntamiento a la retirada de las viviendas que ocupaban su propiedad, así como a la limpieza y retirada de los restos de las construcciones.

Las tres viviendas prefabricadas que han sido demolidas por el Ayuntamiento fueron cedidas hace años por la Junta para realojar a varias familias que residían en un edificio que sufrió una explosión de gas. Aunque la cesión de las viviendas fue una solución de urgencia para reubicar a las familias que habían sufrido daños en sus hogares como consecuencia de la explosión de gas, finalmente la Junta donó al Ayuntamiento las construcciones para que pudieran ser utilizadas por familias con limitados recursos económicos. Sin embargo, el notable deterioro de las construcciones que, según un informe técnico, tampoco reunían unas mínimas condiciones de salubridad, han obligado al Ayuntamiento a desalojar a las familias que las ocupaban y a proceder a su demolición.