Las organizaciones agrarias Coag y Asaja y la junta agropecuaria local han instado al Ayuntamiento de Toro a que cumpla con la "obligación moral" de invertir, parte de los fondos que obtenga con la subasta de 127 parcelas rústicas de titularidad municipal, en actuaciones que tengan una repercusión positiva en el sector agrícola. Esta petición fue planteada al alcalde de Toro, Tomás del Bien, durante una reunión celebrada recientemente, en la que representantes de los sindicatos agrarios y de la junta agropecuaria local plantearon la posibilidad de que parte de los recursos obtenidos con el proceso de enajenación de parcelas sea destinado por el Ayuntamiento a la reparación y mejora de los caminos rurales del término municipal, ya que muchas de estas vías presentan un notable deterioro. El presidente provincial de Asaja, Antonio Medina, destacó que durante el encuentro mantenido con el alcalde, los representantes de los agricultores expusieron que, aunque la Ley permite al Ayuntamiento vender las parcelas rústicas de su propiedad, debería asumir una "obligación moral" de destinar los fondos que obtenga con la subasta a alguna acción que repercuta en el sector agrario.
En este punto, Medina recordó que las fincas rústicas que la institución local tiene previsto vender proceden de terrenos que, con la concentración parcelaria, "quitaron a los agricultores", un 5% de sus parcelas. Durante esta reunión, según Medina, el alcalde se comprometió con las organizaciones agrarias y la junta agropecuaria local a que parte del dinero que se obtenga con la venta de parcelas se empleará en la mejora de caminos agrícolas, aunque también está previsto que otros fondos se destinen en la restauración de la iglesia de la Concepción, entre otras inversiones. Por otra parte, en esta reunión, el alcalde reconoció que muchos caminos rurales del término municipal presentan un notable deterioro, del que, en parte, responsabilizó a algunos agricultores.
Ante esta afirmación, Medina recordó al alcalde que el Ayuntamiento puede aplicar la ordenanza reguladora del tipo de uso y defensa de los caminos agrícolas aprobada por el anterior equipo de Gobierno, en la que se recogen las sanciones que puede aplicar a aquellos usuarios que no cumplan las normas. Esta ordenanza determina que el Ayuntamiento puede imponer multas que oscilan entre 750 y 3.000 euros, en función de si las infracciones son tipificadas como leves o muy graves. Por otra parte, Medina reconoció que mantener la extensa red de caminos rurales del municipio de Toro es "complicado", por lo que instó al Ayuntamiento a tratar de establecer convenios con la Diputación para que la institución provincial ceda la maquinaria necesaria para ejecutar mejoras en las vías pecuarias. Por último, el presidente provincial de Asaja recordó que el sector agrícola se mantienen como uno de los pilares fundamentales de la economía local y que, por este motivo, precisa un mayor apoyo institucional.
