El PP desmintió ayer que la deuda del Ayuntamiento de Toro se haya reducido en un año en tres millones de euros y aseguró que la rebaja, que cifró en 1,3 millones de euros, se corresponde con las amortizaciones previstas desde 2015 de créditos concertados con entidades bancarias. El portavoz del grupo popular, José Luis Prieto, explicó que, según un informe de los servicios técnicos de Intervención y Tesorería emitido el 12 de junio de 2015 cuando el PSOE accedió a la Alcaldía, de los 9,3 millones de euros correspondientes al importe de préstamos concertados por el Ayuntamiento de Toro con diferentes bancos, el capital pendiente de amortizar era de 6,7 millones de euros.
En base a estas cifras, Prieto matizó que la deuda del Ayuntamiento no se ha rebajado en tres millones de euros, de 8,5 a 5,4, como ha asegurado el equipo de Gobierno socialista, sino que la reducción se limita a 1,3 millones de euros, es decir, la diferencia entre los 6,7 millones de euros pendientes de amortizar en 2015 y los 5,4 previstos en la liquidación del presente ejercicio. En este punto, el portavoz popular remarcó que, durante el presente mandato, el PSOE no ha realizado "ninguna amortización extraordinaria" de los créditos suscritos con bancos y que las cantidades que se han amortizado "eran las previstas". De otro lado, aclaró que uno de los préstamos a los que alude el informe emitido por los servicios técnicos municipales y concertado con una entidad financiera por un valor superior a 1,1 millones de euros, fue solicitado para hacer frente a las deudas contraídas por el Ayuntamiento con proveedores antes de 1999, es decir, durante la anterior etapa de Gobierno socialista en la ciudad. Sobre este crédito concertado para hacer frente al pago de deudas con proveedores, Prieto remarcó que "todavía lo seguimos pagando" y del que, en 2015, restaban por amortizar cerca de 415.000 euros. Por último, criticó que en el pleno en el que fue aprobado el presupuesto municipal para el próximo año el alcalde, Tomás del Bien, zanjara el debate sin permitir un segundo turno de intervención.
