El juzgado de Toro ha decretado el sobreseimiento y posterior archivo de una denuncia presentada por el presidente de la sociedad de cazadores, J. A. M. contra el socio, J. R. A., por un presunto delito de calumnias. El presidente del club cinegético interpuso, en junio del 2015, una denuncia, tras tener conocimiento de unas afirmaciones realizadas por el citado socio en las redes sociales, en las que acusaba a la junta directiva de ciertas actuaciones "un tanto oscuras" en las cuentas presentadas a la asamblea general de la sociedad, en los años 2014 y 2015. Entre otras afirmaciones, el socio se refería a la posibilidad de que se hubieran falseado los conceptos de los ingresos del club, que determinadas cantidades de dinero pertenecientes a la sociedad no aparecían en las cuentas o que no se habían justificado más de 5.000 euros de gastos correspondientes a rehalas de las monterías.
Por estas consideraciones, difundidas a través de las redes sociales, el presidente del club interpuso una demanda por un supuesto delito de calumnias, lo que motivó el inicio de la instrucción durante la que prestaron declaración, tanto el querellante como el socio denunciado, que además aportaron las pruebas que estimaron convenientes para tratar de esclarecer los hechos. Tras el estudio de las pruebas y a la vista de las declaraciones realizadas por ambos, el juez ha decidido sobreseer y archivar la denuncia, tras considerar que las conductas cuestionadas "han existido" y, por tanto, "no se puede apreciar delito alguno". En concreto el auto detalla de forma literal, que los hechos constitutivos de infracción penal que el presidente del club imputaba al socio "se basan en ciertas actuaciones" que, aunque justificadas por J. A. M, "se han dado o han existido, tal y como ha quedado acreditado". Tras conocer el auto judicial, el socio destacó que, públicamente, el presidente de la sociedad afirmó que "de lo que se le acusaba no era cierto y que eran fundamentos inventados", a la vez que defendió la transparencia de las cuentas. Sin embargo, como apuntó, "parece ser que el juez no opina lo mismo y afirma que las declaraciones realizadas por tres socios, a los que la sociedad tenía previsto iniciar un expediente de expulsión, tenían algún fundamento". Por último, el socio se preguntó si no debería ser el presidente quien pidiera ahora disculpas.
