La comunidad de regantes del canal Toro-Zamora ha abonado ya los 124.045 euros a los que obligaba una sentencia judicial por la expropiación de una parcela, propiedad de un comunero, para construir una nueva estación de bombeo, en el marco del proyecto de modernización de la infraestructura de riego. Así lo confirmó ayer el nuevo presidente del canal Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros, tras la reunión mantenida con el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro en la que, entre otros asuntos, fue analizada la sentencia judicial que ha obligado a la comunidad a abonar 98.369 euros por la expropiación de una finca, que ocupa una superficie de 19.500 metros cuadrados, más 25.642 euros, en concepto de intereses. En el encuentro mantenido ayer, Ballesteros trasladó al delegado territorial de la Junta que el auto judicial ha supuesto un "jarro de agua fría" para el canal Toro-Zamora, sobre todo tras valorar que "la Administración debería haber trabajado a favor de la comunidad".

En este punto, matizó que, en primera instancia, fue la Administración la que "imputó" a la comunidad por la expropiación de los terrenos y que "supuestamente, alguien ha valorado más los intereses de un comunero que los de los 1.600 agricultores que dependen del canal". Ballesteros reiteró que esta sentencia ha supuesto una "sangría enorme" para la comunidad y, como subrayó, "ahora entiendo que, si quedan zonas regables por modernizar, sean coherentes porque les puede llevar a la ruina". Subrayó Ballesteros que, la modernización supone un gran esfuerzo para los agricultores, por lo que "si además tenemos que indemnizar por una expropiación, no se está trabajando por la comunidad, aunque a la Administración se le llene la boca con las ayudas a las que pueden acceder los regantes". En cuanto al pago realizado por la expropiación de la finca, Ballesteros reconoció que la comunidad de regantes ha adelantado el abono de la cantidad recogida en la sentencia para evitar que ésta se incrementara con más intereses.

No obstante, en una junta general celebrada en marzo, se acordó fijar una cuota extraordinaria de 17,5 euros por hectárea y que, en los próximos meses, se pasara al cobro a los agricultores para recuperar los recursos adelantados y hacer frente al pago al que obligaba la sentencia.