La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, reclamó ayer a Azucarera el pago de un complemento a los cultivadores de remolacha, después de que la Administración regional haya decidido anular la ayuda de tres euros por tonelada de cuota producida. Esta petición fue planteada ayer por Clemente en la reunión de la Comisión Sectorial para el cultivo de la remolacha en la que anunció la retirada de la ayuda regional y exigió a las empresas azucareras un mayor compromiso con los productores del sector.

En esta reunión, Clemente justificó la anulación de la ayuda regional en que la fase de «transición» originada a raíz de la reforma de la OCM del azúcar de 2006 «está superada», por lo que el «gasto público» acordado hace cuatro años, «tiene que dejar de realizarse». Para la consejera de Agricultura ha llegado el momento de que las industrias, Azucarera y Acor «den un paso al frente de forma decidida» para remunerar el coste de producción de remolacha, bonificaciones que podrían incentivar la siembra o la calidad.

Por su parte, la industria Azucarera ratificó ayer su compromiso con el futuro de la remolacha durante la constitución de la Comisión Sectorial del Cultivo y anunció que mantendrá el compromiso con los cultivadores al objeto de desarrollar acuerdo industriales, a partir del 2014, año en el que finaliza el acuerdo firmado en 2008 con la consejería de Agricultura y que cubría las ayudas derivadas de la reestructuración. Esta negociación, como apuntó, se llevará a cabo en el marco de los acuerdos interprofesionales y la industria partirá de dos premisas: la necesidad de contar con una industria productora de azúcar de remolacha competitiva y sostenible en España y que los agricultores obtengan unos ingresos estables y satisfactorios a medio y largo plazo.

En las próximas semanas, Azucarera dará a conocer a los agricultores y a sus representantes una serie de medidas que comenzarán a aplicarse en octubre para que los remolacheros dispongan de toda la información necesaria para planificar su futuro y adoptar las decisiones que estimen oportunas. Por otra parte, durante la reunión celebrada ayer, los representantes de Azucarera valoraron positivamente cualquier iniciativa del sector que sirva para «colaborar constructivamente dentro del futuro marco regulatorio europeo con el objetivo común del progreso y la mejora de la producción remolachera y azucarera». Además, la industria considera que, mediante el Acuerdo de Marzo de 2008 que finaliza en la campaña 2013/2014, la Junta ha contribuido significativamente a garantizar este objetivo durante el proceso de reestructuración exigido por Bruselas en la reforma del 2006.

Esta opinión no es compartida por las organizaciones agrarias que ayer criticaron duramente la decisión adoptada por la Junta de suprimir la ayuda de tres euros que deberían percibir los cultivadores por tonelada de remolacha de cuota y que supondrá la pérdida de unos 18 millones de euros en dos campañas. Así, en representación de la Alianza por la Unidad del Campo, Fernando García, se mostró convencido de que la industria no se hará cargo del pago de las ayudas que dejará de ingresar la Administración regional que, como recordó, promovió la firma de un acuerdo en el año 2008 que ahora decide incumplir.

Por este motivo, la Alianza por la Unidad del Campo está dispuesta a recurrir al Juzgado para denunciar el impago de estas ayudas ya que, a su juicio, «se está jugando con el futuro del sector y el dinero de los agricultores». Además, García advirtió de que la supresión de estas ayudas puede provocar que los agricultores decidan no sembrar remolacha, decisión que provocaría el cierre de las fábricas. Asimismo pidió a la consejera de Agricultura que «se marche, porque peor no lo puede hacer» y acusó a Clemente de «falta de seriedad» ya que «nunca se ha visto que no se respete un acuerdo que está firmado».

En la misma línea, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) acusó a Clemente de «abandonar a su suerte» a los remolacheros de Castilla y León al anular la ayuda regional y de incumplir de «manera flagrante» el Plan Integral Agrario. A juicio de esta organización, la anulación de la subvención supone un «golpe mortal» a uno de los sectores más dinámicos y activos de la agricultura de la región.