Un informe elaborado por técnicos especializados en consultoría y diagnóstico concretará si el amianto que ha sido desmantelado y el que todavía se conserva en las instalaciones de la Azucarera de Toro guarda relación directa con los fallecimientos de varios trabajadores o las enfermedades que padecen otros empleados y que han motivado la presentación de una querella en el Juzgado de Toro contra la compañía azucarera por presuntos delitos de homicidio y contra la seguridad de la plantilla.

Para elaborar este informe, la acusación particular solicitó a técnicos de una consultoría de Barcelona que participaran en la inspección ocular realizada ayer en las dependencias de la factoría toresana, inspección ocular en la que también estuvieron presentes el juez de Toro, el secretario judicial y personal de la compañía azucarera. El director general de la consultoría, Luis Mallart, confirmó que tras esta inspección ocular no se puede realizar un primer diagnóstico ya que, en primera instancia, «el amianto puede ser causa de sorpresa» por lo que, con toda probabilidad, será necesario esperar a conocer los resultados de muestras sólidas y de «la analítica de aire», información que podría recopilarse en una segunda visita a las instalaciones de Azucarera, que todavía no ha sido concretada.

Precisó Mallart que en la inspección ocular practicada ayer, el personal de la Azucarera mostró, tanto a la autoridad judicial como a los técnicos y a la abogada de la acusación, las diferentes instalaciones de la fábrica, así como el proceso de fabricación y producción de azúcar, a partir de la recepción de remolacha.

«A primera vista», como subrayó este experto, en la fábrica toresana se han desamiantado tramos de tubería de calorifugados, aunque también se habrían retirado placas de fibrocemento, tareas que la compañía habría adjudicado a otra empresa y sobre las que será elaborado el informe técnico. Asimismo, Mallart confirmó que en las instalaciones de la fábrica toresana todavía se conserva amianto aunque, como matizó, la compañía cuenta con un plan de desamiantado que se ejecutará de forma progresiva y «a medida que lo crean conveniente». Por otra parte, este experto prefirió no pronunciarse sobre si el amianto de la Azucarera de Toro guarda una relación directa con las enfermedades que padecen algunos empleados o el fallecimiento de otros ya que «a partir de las inspección ocular, tenemos que reflexionar y con la información que tenemos que solicitar, veremos si es necesaria una segunda visita a las instalaciones de la fábrica» para recoger muestras o realizar analíticas.

Por su parte, Andrea Peiró, abogada de la acusación matizó que, a partir de esta primera inspección ocular, serán los técnicos los que determinarán «si hubo, si hay amianto, cómo se va a retirar el que todavía se conserva en las instalaciones y cuál es el peligro al que han podido estar expuestos los trabajadores». Además, confirmó que no existe un plazo determinado para presentar este primer informe técnico que, a su vez, determinará si es necesario tomar muestras en la fábrica toresana. Por otra parte, Peiró recordó que en muchos edificios o fábricas como la de la Azucarera de Toro «hay amianto» y que, en todos los casos, «no es peligroso siempre y cuando no se manipule correctamente». No obstante, precisó que hace años «las cosas eran distintas y se manipulaba este material sin ningún tipo de protección y sin saber que era peligroso», por lo que durante la fase de instrucción de este caso la acusación tratará de demostrar que los querellantes pudieron estar expuestos a este material y que las enfermedades que padecen o que causaron la muerte de algunos trabajadores, supuestamente, pueden guardar una relación directa con la manipulación de amianto.

Al margen de la inspección ocular practicada ayer, la letrada confirmó que la querella presentada en el Juzgado sigue «en la fase de instrucción» y que, en próximas fechas, podrían ser llamados a declarar otros responsables de la compañía, relacionados directamente con la fábrica toresana. Recordó Peiró que hace dos semanas comparecieron en sede judicial dos consejeros delegados de Azucarera y uno de los responsables del área de Recursos Humanos. A partir de estos testimonios, según la letrada, se solicitará «bajar un poco en la cadena de mando» para que también presten declaración el responsable de seguridad de la fábrica toresana y algunos «testigos» y trabajadores que «pueden ayudar a esclarecer los hechos denunciados». El pasado mes de octubre, dos enfermos y siete familiares de fallecidos, presuntamente por una exposición continuada al amianto, decidieron presentar una querella en el Juzgado de Toro contra Azucarera, querella a la que, posteriormente, se sumaron otros cuatro afectados, por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. Aunque la utilización del amianto está prohibida desde el año 2001, fue un compuesto de uso frecuente en ciertas industrias, en este caso, las plantas de Azucarera Ebro, por su capacidad para resistir la corrosión y las temperaturas elevadas. Pese a la prohibición de utilizar el amianto, también conocido como asbestos, la exposición a este compuesto se ha considerado como la causa probable de enfermedades mortales.