Representantes de Adeiza se trasladaron ayer a Toro para informar a los ciudadanos sobre la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que contempla la supresión de tres partidos judiciales en la provincia, entre ellos el de Toro. Con el reparto de folletos, esta fuerza política intentó concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de «defender» el partido judicial de Toro y evitar que la propuesta sea aprobada finalmente.

El portavoz de Adeiza, Miguel Ángel Mateos, recordó que Toro es «la ciudad de las Leyes», que su partido judicial «sin duda, es el más representativo de España» y que el término municipal es uno de los más amplios del país. Asimismo, remarcó que Toro fue capital de provincia y tuvo representación en las Cortes del Reino, además de ser una de las más fértiles y ricas comarcas agrarias y de contar con un rico patrimonio artístico e histórico que, en cualquier otro lugar de España, «podría ser patrimonio de la Humanidad».

Por otra parte, el representante de Adeiza cuestionó que la supresión del partido judicial suponga un ahorro ya que su traslado a la capital conllevaría la necesaria construcción de un nuevo edificio o el traslado del personal que, en la actualidad, trabaja en el Juzgado de Toro. Del mismo modo, incidió en que la propuesta del CGPJ supondría que los cerca de 30.000 habitantes de la comarca de Toro tendrían que desplazarse a la capital.

Por otra parte, Mateos se mostró convencido de que, ante esta propuesta, «el Gobierno no es neutro y ha salido ahora para ver cómo se responde y allí donde no haya respuesta los partidos judiciales serán quitados». Matizó el representante de Adeiza que con la ciudad de Toro «se han cometido muchas injusticias en las últimas décadas», pero la propuesta de suprimir su partido judicial «es el mayor desprecio que puede hacerse a una ciudad a la que tanto debemos los españoles».

Por último, Mateos anunció que Adeiza defenderá el mantenimiento del partido judicial e instó a las autoridades locales y representantes de los vecinos en las Cortes de Castilla y León y en el Congreso y el Senado a que adopten la misma postura ya que, de no hacerlo, «se deben a sus partidos y no al territorio al que representan».