Durante casi cuatro horas, dos consejeros delegados de la empresa Azucarera y un responsable del área de Recursos Humanos prestaron ayer declaración en el Juzgado de Toro, en calidad de «denunciados», por su presunta implicación en varios delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores, tras la querella presentada por enfermos y familiares de fallecidos, supuestamente, por la exposición al amianto en la factoría toresana. Aunque el abogado de los «denunciados» prefirió no pronunciarse a la salida del Juzgado, Azucarera remitió un comunicado de prensa en la tarde de ayer en el que matizó que los tres directivos tuvieron que prestar declaración por la querella presentada por trece personas y que tiene su origen en que «la fábrica de Toro ha tenido cubiertas de fibrocemento y algunos calorifugados en tuberías, depósitos o calderas».

En esta nota de prensa, Azucarera asegura que el Juzgado dispone de documentación que acredita que cuando ha sido necesario sustituir o retirar los materiales anteriormente mencionados, como consecuencia de desmontajes o reparaciones, las tareas han sido realizadas por firmas especializadas e inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. Trabajadores de estas empresas y siguiendo un plan especial aprobado por la autoridad laboral realizaron estos trabajos por lo que, como subrayó la industria, «los empleados de Azucarera no han estado expuestos con ocasión de esas operaciones».

Asimismo matizó que «está acreditado que ningún puesto relacionado con la actividad ordinaria de la fábrica, como molturación de remolacha o fabricación de azúcar, tiene riesgo por exposición a fibras de amianto». Por otra parte, la compañía destacó que la querella presume la responsabilidad de los tres directivos que ayer declararon en el Juzgado pero «no explica porqué se les acusa si nueve de las trece personas presuntamente afectadas nunca han trabajado para Azucarera, propietaria de la fábrica desde 2001».

De la misma forma, según esta nota de prensa, la querella «omite cualquier dato que permita identificar cómo y cuando estuvieron expuestos al amianto por su trabajo en la fábrica ya que la mayoría eran trabajadores de campaña y realizaban otras actividades por cuenta propia o ajena durante el resto del año». Por último, Azucarera anunció ayer que, tan pronto como finalicen las diligencias acordadas por el Juzgado, solicitará el archivo del procedimiento.

Por su parte, el letrado de los querellantes, Román Oria, explicó al finalizar la comparecencia que en sede judicial se personaron el que fuera consejero delegado de la compañía hasta el año 2001 y la persona que asumió posteriormente este cargo hasta la actualidad. Del mismo modo, apuntó que también prestó declaración un responsable del área de Recursos Humanos. Destacó Oria que, durante su declaración, los consejeros delegados de Azucarera «se han disculpado» y alegaron que desconocían si existía un plan para eliminar el amianto de las instalaciones de la fábrica azucarera de Toro. Para el letrado, el testimonio de los tres directivos fue muy «esclarecedor» a la vez que matizó que «tienen obligación de enterarse de las cosas» ya que, de lo contrario, se incurre en «negligencia». En este punto, Oria puntualizó que los responsables de la industria que ayer prestaron declaración tuvieron que responder a las preguntas formuladas por la juez sobre cuestiones concretas como si Azucarera había diseñado un plan para eliminar el amianto de las instalaciones de la fábrica de Toro o si los trabajadores de la fábrica eran conscientes de su exposición al amianto.