26 de septiembre de 2010
26.09.2010

Exigen conocer el prespuesto de la nueva sede del Consejo regulador

Fuentes firma que las nuevas instalaciones en el Alcázar mejorarán las posibilidades turísticas de la ciudad

26.09.2010 | 02:00

El procurador socialista Manuel Fuentes ha asegurado que va a dar un plazo de un mes, aproximadamente, a la Junta de Castilla y León para comprobar si en la redacción de los Presupuestos para 2011 se contempla una partida presupuestaria «muy importante» destinada a la adecuación de una nueva sede para el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro.


Según sus palabras, esta partida deberá garantizar el proyecto y el inicio de las obras de la nueva sede antes del final de esta legislatura, «porque si no, nos estarán mintiendo una vez más». Además, afirmó que, de no haber esta partida presupuestaria, repetirá lo que ya hiciera el año pasado, que será presentar una enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que «debe acercarse a los tres millones de euros, repartidos en diferentes anualidades», con los que se pueda garantizar la habilitación de una sede «amplia y digna, que mejore las posibilidades turísticas de una bonita ciudad, como es Toro».


Según su punto de vista, «no podemos perder ni un día», pues hace tres meses, «la Consejera comprometió un presupuesto de la Junta para poner en marcha una nueva sede para la D.O. Tierras de León». Subrayó que ya se han invertido casi dos millones de euros en una nueva sede para la D.O. Bierzo, y más de cinco millones para una nueva sede para la D.O. Ribera del Duero, «y ahora le toca a Toro, que debe ser el tercero», aunque reconoció que «como no andamos muy rápidos en esta provincia, ya se nos ha adelantado la gente de Tierras de León».


Recordó el procurador Fuentes que fue él quien llevó a las Cortes de Castilla y León la propuesta de que el Alcázar se convirtiera en la nueva sede del Consejo Regulador, momento en el que la Junta impuso dos condiciones para financiar el 70% del proyecto, que actualmente ya se cumplen. Estos requisitos, matizó, eran que el Ayuntamiento y el Consejo Regulador debían ponerse de acuerdo en el lugar elegido, y que debía haber una cesión gratuita de los terrenos, lo que se cumple también puesto que son públicos.

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