El Procurador del Común ha emitido una resolución por la cual insta al Ayuntamiento de Toro para que "se desarrollen las actuaciones precisas para la eliminación de barreras arquitectónicas de modo generalizado y sistemático". Es decir, "mediante la elaboración y aprobación de un Plan de Accesibilidad Integral para la ciudad, con el fin de ordenar la gradual adaptación de los espacios públicos, servicios e instalaciones de titularidad municipal no accesibles a las previsiones de la Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León ?". Solicita también que esa elaboración y aprobación del citado plan sea comunicada a la Administración competente en materia de servicios sociales para constancia del cumplimiento de esta obligación.
El dictamen responde a la queja formulada en este sentido por el grupo municipal socialista en mayo de 2008, motivada «en la falta de condiciones de accesibilidad en edificios y dependencias municipales de Toro», según ha recordado el portavoz Lorenzo Rodríguez Linares. Este recuerda que la ley mencionada por el Procurador, que también obliga respecto de los edificios ya construidos o modificados con anterioridad, estableció un plazo de diez años -que ya terminó el pasado 1 de octubre- para adecuar a sus disposiciones los edificios de acceso público de titularidad pública y los de acceso al público de titularidad privada, además de otros varios, sin que, « el Ayuntamiento haya llevado a cabo las actuaciones necesarias para eliminar dichas barreras arquitectónicas».
