El delegado Territorial Alberto Castro hizo un repaso cronológico de la tramitación del expediente sobre la planta energética toresana, cuyo titular no ha trascendido y dijo desconocer, y precisó que «Industria informó a favor porque el expediente cuenta con todos los requisitos para ese tipo de instalación».

Añadió el delegado de la Junta que «se trata de una solicitud del año 2005, de las primeras de este tipo que se pidieron en la provincia, y es un expediente novedoso». Subraya que el informe de Medio Ambiente también es positivo para usos medioambientales dentro de la utilización de una instalación fotoeléctrica. Sobre el particular, Castro indicó que «no es cierto que fuera una zona protegida porque entonces Medio Ambiente no hubiera informado positivamente». Y lo tocante a Urbanismo, Castro manifestó que la Comisión Territorial, en el año 2005, determinó que «el uso era como terreno agrícola y, al tratarse de una actividad novedosa no venía especificado en la Ley y considera que no era de uso para esa actividad». Un criterio que cambió en el año 2006. «Tan es así que hay instalaciones en el término de Toro que realmente, con uso semejante a este, se han instalado y que cuentan con todos los informes positivos». En ese sentido la Comisión dictaminó que no daba la licencia y lo notificó al Ayuntamiento, «que viendo lo que pasaba en otros puntos de la comunidad remitió un recurso a ese acuerdo de la Comisión, entendiendo que si la Ley no pone lo contrario, el informe tiene que ser positivo. No solamente porque se veía que existía un vacío legal que a los pocos meses se solventó en instalaciones semejante y que tuvieron informes positivos en la Comisión de Urbanismo».

Castro recalcó que «instalaciones fotovoltaicas en terrenos semejantes se han aceptado», e insiste en señalar que «la actuación del Ayuntamiento fue impecable porque esperó a que el recurso se desestimase, y después abrió un expediente sancionador». Para el delegado «la responsabilidad de haber construido es del propio promotor, el cual tiene derecho a hacer una legalización de la instalación, que es susceptible de legalizar».

En cuanto a la tardanza de más de dos años en resolver un recurso, que fue criticado por Fuentes, Alberto Castro dijo que «puedo asumir que ha sido mucho tiempo, pero entiendo que hay miles y miles de recursos por parte de los administrados, y lo que intentamos en la Junta de Castilla y León es reducir esos plazos». No obstante, para el responsable de la Junta esta demora «no es para que Fuentes reafirme suposiciones que están alejadas de la realidad», y calificó de «vergonzoso» las acusaciones «de que exista un tratamiento privilegiado hacia nadie».

Castro reiteró que «situaciones semejantes, con usos agrícolas semejantes, se han aceptado en ayuntamientos del PP y del PSOE», y pidió «respeto y no querer sacar rendimiento político» de un expediente «que ha sido perfecto en su ejecución, pues tanto el Ayuntamiento como la Junta han tenido una actuación correcta».

Hizo alusión a que la referida instalación constituyó «un expediente administrativo complejo porque fue el primero, pero vemos que en el entorno de Toro hay otras instalaciones fotovoltaicas con todos los informes positivos y Fuentes tiene que entender que se puede hacer oposición, pero sin sacar conjeturas».