El PSOE estudiará si el alcalde de Toro, Jesús Sedano, ha incurrido en un delito medioambiental y otro de «prevaricación indirecta» por haber presentado un recurso de alzada en contra de la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo de no autorizar el uso excepcional de la parcela nº 537 del polígono 4 de Toro para instalar una planta fotovoltaica por ser suelo rústico con protección medioambiental. El alcalde toresano no sólo negó los hechos que le imputan los socialistas, sino que además defendió la legalidad de la actuación municipal.

El secretario provincial del PSOE, Carlos Hernández, anunció incluso la posibilidad de acudir al fiscal, en una rueda de prensa que tenía lugar tras la intervención ayer en las Cortes del director general de Industria, Carlos Martínez Tovalina, a instancias de las preguntas formuladas por el procurador socialista Manuel Fuentes, según el cual, el director general dijo que, en base a la información aportada por el PSOE, ha constatado que «la inspección ocular deja constancia de que existe una planta en funcionamiento» en esa parcela, que «se se ha dado traslado al Ayuntamiento de Toro para pedir explicaciones», y que éste «dice que no ha dado licencia de obra» para su puesta en marcha y que «el Ayuntamiento deberá aclarar la situación de irregularidad con el promotor» de la planta, que es un particular. Así las cosas, según Fuentes, «pese a ser un director general, no ha sido capaz de decir quién ha dado permiso para poder "enganchar" sin ser legal la planta». Lo que no dijo el PSOE es que el Ayuntamiento de Toro abrió expediente sancionador por infracción urbanística al promotor del huerto solar por iniciar la actividad sin todos los permisos pertinentes.

Martínez Tovalina, según Fuentes, informó que para poner en marcha la planta se necesitaban «tres autorizaciones»: la de Industria, que fue concedida en junio de 2005, y la ambiental, que se otorgó en mayo de 2006, así como la de Urbanismo a través de la Comisión Territorial, que se emitió en noviembre de 2005 con carácter denegatorio. Para el parlamentario socialista «resulta curioso» que Sedano presentara el recurso en el año 2005 y que fuera resuelto en 2008, «dos años y medio después», lo que le lleva a «tener claras sospechas» de intención dilatoria del proceso, ya que la legislación actual marca un plazo de tres meses para contestar a un recurso. Resaltó, así mismo, que la orden de octubre de 2008 por la que fue denegado el recurso presentado por Sedano no ha sido publicada en el Bocyl.

Así las cosas, los socialistas subrayan que el alcalde «no se limitó a enviar el recurso de alzada a favor de un promotor, sino que firmó y presentó este recurso en contra de la decisión» de la Comisión Territorial de Urbanismo. Consideran, además, que «faltó a la verdad» porque «sí ha participado directamente en facilitar que esta planta tenga todos los trámites necesarios para su instalación, puesto que ha presentado un recurso alegando que lo esgrimido por la Comisión Territorial carece de fundamento jurídico y no interpreta correctamente la norma» y, además, puntualizaron, «lo hace en tono prepotente». Esto, para Fuentes, claramente «es mojarse» y parece, dice, «que el alcalde tiene mucho interés en esta planta».

Según el político, el director general en sus respuestas «también ha asumido la falta de coordinación habida entre los diferentes organismos que han intervenido en el proceso por parte de la Junta, ya que Medio Ambiente autoriza la planta y Fomento la desautoriza» Recuerda también en este punto que el consejero de Industria Tomás Villanueva «dijo que se habían investigado todas las plantas y que no había irregularidades», pero, a juicio de los socialistas, «parece que no investigaron bien». Así las cosas, afirmó que de las investigaciones que han practicado se desprenden «sospechas de presuntas irregularidades» por parte de la Junta, y afirmó que pedirán «la depuración de responsabilidades y la restauración de la legalidad».

Los socialistas consideran que se ha producido «dejación de funciones» por parte del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta en tanto que las tres administraciones están obligadas por ley a asumir la protección de la legalidad urbanística. Por último, anunciaron que seguirán investigando, «aunque tengamos problemas para que nuestros hijos encuentren trabajo en esta provincia», y en este sentido Lorenzo Rodríguez Linares. portavoz del PSOE, recordó que el Ayuntamiento no les ha facilitado aún otros tres expedientes más sobre instalaciones fotovoltaicas.

Sedano: «Fuentes y el PSOE utilizan la trampa y la difamación para hacer daño»

Jesús Sedano acusó ayer a los socialistas de «utilizar la trampa y la difamación para hacer daño». El alcalde de Toro dijo que «en diez años no han encontrado nada irregular» y defendió que «se ha actuado de forma transparente y ajustada a la ley». Explicó que el expediente administrativo en cuestión ha seguido los mismos «trámites que cualquier otro», que «nadie presentó alegaciones» en la exposición pública y que tanto Industria como Prevención Ambiental emitieron informe favorable. Entiende, además, que Urbanismo deniega la autorización porque el suelo afectado «no está interpretado en el PGOU, que es del año 89», según lo cual, a su juicio, «la planta no está autorizada, pero tampoco se prohibe porque se suele optar por la parte más favorable de cara al administrado».

Alegó también que cuando se solicitó la instalación «no había una normativa específica»para las fotovoltaicas y que fue en 2006 cuando Fomento publica una orden creando el marco jurídico y, «a partir de esa fecha, todas las instalaciones que se hacen en ese mismo tipo de suelo se han autorizado, ocho al menos», lo cual «es porque la protección que tiene, según el PGOU, es agropecuaria, lo que no es incompatible con una planta fotovoltaica». Sedano añadió que el Ayuntamiento presentó el recurso porque entendió que la planta es «importante para el progreso de Toro», pero dijo que, tras ser desestimado, «no se otorgaron licencias», motivo por el que se ha abierto expediente sancionador al promotor por infracción urbanística. El alcalde cree que el director general de Industria «ha sido poco diligente al no llevar argumentada la respuesta» a las Cortes y «no ha expuesto los argumentos que me consta tiene en su poder».