La junta directiva de la delegación zamorana de la Federación de Caza de Castilla y León y el presidente de la Sociedad de Cazadores de Toro, reunidos ayer tarde en Zamora, han acordado «adoptar medidas» para pedir a la Junta que «a partir de ahora cuente» con los cazadores a la hora de tomar decisiones como la utilización de veneno para combatir la plaga de topillos. Así mismo han determinado pedir «responsabilidades económicas» al Ejecutivo regional por los daños causados en la reserva del coto de caza de Toro, tras haber determinado los análisis practicados en el laboratorio del área toxicológica de la Universidad de Murcia que la muerte de liebres en este recinto es consecuencia de la ingestión de clorofacinona, la sustancia empleada por la Junta para hacer frente a la acción de los roedores. No obstante, ambas decisiones serán sometidas al «consenso» del presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Luis Ciria, con quien se reunirán el próximo viernes, y será entonces cuando hagan públicas las medidas concretas que se van a adoptar, tal y como explicó ayer José Antonio Prada, presidente de los cazadores zamoranos, tras el encuentro.
De cualquier forma, Prada ha adelantado que con las acciones de protesta se pretende «reivindicar que la Junta no puede hacer las cosas sin contar con nosotros, porque somos una parte muy importante en este asunto; después de los agricultores, somos los más afectados porque gestionamos la fauna cinegética y si desaparece algo tendremos que decir». En esta línea las medidas de presión irán encaminadas a pedir al Ejecutivo que a partir de ahora cuente con «los más de cien mil cazadores que hay en la región», porque, según ha subrayado, «no se puede envenenar el alimento natural de los animales salvajes». Prada ha recordado en este sentido que «desde el principio dijimos que era una barbaridad hacerlos y que se podían utilizar otros medios o utilizar venenos de otra manera, como la parafina, aunque yo soy partidario de que no se utilicen venenos», según ha matizado. Por otro lado, confirmó que en la reunión de ayer se puso sobre la mesa la necesidad de pedir responsabilidades económicas a la Junta, ya que, como ha señalado Prada, «se ha causado un perjuicio a Toro en una zona de reserva y eso tiene un valor económico del que alguien tendrá que responder, porque Toro tiene derecho a decir esto es mío y le han causado daños». Prada está convencido de que el presidente regional apoyará las decisiones que han tomado, puesto que ya se ha manifestado en este sentido, anticipando su respaldo.
Versión de la Junta
El Jefe de Servicio de Agricultura, Isidro Tomás, rehusó ayer declaraciones y remitió a la Delegación Territorial, aunque puntualizó que los análisis practicados no son oficiales. El Seprona también recogió muestras de los animales aparecidos muertos en Toro, aunque no se conocen aún los resultados al menos públicamente. En este sentido Prada defiende «el derecho de los cazadores a recurrir a un laboratorio independiente y no porque pensemos que la Junta nos puede engañar, sino porque puede que por no alarmar prefieran decir que es tularemia». José Antonio Prada sigue mostrándose escandalizado por lo sucedido en Toro, pese al tiempo transcurrido desde que el pasado 3 de noviembre aparecieran decenas de liebres muertas en los límites del coto toresano durante la celebración del Campeonato de España de Cetrería. «En toda la provincia se han producido casos puntuales», recuerda, «pero lo de Toro fue escandaloso y tuvo una repercusión nacional». El presidente zamorano no puede olvidar que aquello era «un cementerio y no solo los cazadores, sino cualquier amante de la naturaleza y de los animales pondría el grito en el cielo, y si lo provoca una Administración más».
