Alrededor de 60 viticultores afectados por la orden de la Junta para el arranque del viñedo "irregular" asistieron el pasado martes por la noche a la reunión convocada en Toro por la plataforma provincial que se ha creado en contra de esta medida. En el encuentro se determinó elaborar un nuevo manifiesto que será entregado al Director General del Ministerio de Agricultura con quien esperan reunirse en breve de acuerdo al compromiso adquirido el pasado lunes por su homólogo en la Junta, Baudilio Fernández, quien se ha prestado para conseguir la cita. La intención es, como dijo el portavoz de la plataforma, José Manuel Barba, «que se comience a negociar» sobre este documento, en el que se incidirá en la dimensión social del problema, «puesto que afecta a la práctica mayoría de los viticultores que han plantado viñedo después del año 2000».

Los afectados han valorado que el Director General de Agricultura de la Junta haya «dejado las puertas abiertas» al diálogo, pese a que ha dejado claro que la medida responde al cumplimiento de una normativa comunitaria. Por eso confían en que «se busque una solución al problema bien dándonos alternativas o bien admitiendo este viñedo tal y como está», según señaló Barba. Algo que consideran viable, ya que, tal y como se puso de manifiesto en la reunión, existen antecedentes. Así, como señaló Barba, admiten que existen irregularidades, «pero por parte de todos», es decir, «también se han cometido errores por parte de la Administración». En este sentido citó como ejemplos «los viñedos plantados con palo directo que están legales bajo nuestro punto de vista de manera ilegal o irregular, y respecto a la transferencia de derechos no entendemos que en la provincia de Zamora se haya perdido un patrimonio al transferir derechos a otras comunidades». Y así las cosas los afectados no quieren que sus viñedos sean considerados «ilegales», en todo caso «irregulares», ya que se preguntan «hasta qué punto puede ser ilegal que plantemos en nuestras tierras viñedo u otra cosa, siempre que no afecte a la salud de nadie». Entiende así mismo que la situación «se puede subsanar, sobre todo porque a nosotros todo esto nos ha ocasionado una pérdida de renta, porque, como se dice en el manifiesto, cuando desde el año 2000 en esos terrenos de viñas no hemos plantado ningún cultivo subvencionado por la PAC hemos dejado de percibir un dinero». En cuanto a la contratación de servicios jurídicos han señalado que recurrirán a esta medida «solo si la administración se niega a negociar».

Piden que no se apliquen sanciones mientras dura la negociación

Pese a que la plataforma ha pedido el apoyo de los partidos políticos y de los sindicatos agrarios, de momento solo IU se ha mostrado dispuesta. Dos de sus representantes, Francisco Molina y Laura Rivera, estuvieron presentes en la reunión del martes y se comprometieron a presentar una moción en la Diputación Provincial para solicitar a la institución que «interceda en favor de una negociación porque 1.400 hectáreas de viñedo de la provincia van teóricamente a desaparecer». Ambos políticos destacaron el alcance social del problema y animaron a los afectados a intentar conseguir un acuerdo a través de la vía política. Además aconsejaron a los afectados que no arranquen las viñas y que soliciten a la Administración regional que no impongan sanciones por no efectuar el arranque mientras perduren las negociaciones. IU planteó así mismo como posible solución al problema que la Junta de Castilla y León adquiera derechos de otras comunidades autónomas y que intente crear una bolsa de derechos a los que podrían tener acceso estos viticultores. Y es que éstos se mostraron dispuestos a pagar derechos, pero el problema es que la provincia no cuenta con ellos en la actualidad.