La Comisión de Gobierno y Gestión Económica acordó ayer desestimar el recurso de reposición presentado por el PSOE contra los presupuestos de este año basándose en los informes emitidos por Intervención y Secretaría, según los cueles las alegaciones de los socialistas no entran dentro de los supuestos que contempla la ley para interponer un recurso. El asunto será, no obstante, elevado a pleno el próximo lunes en una sesión extraordinaria en la que se incluirán todos los puntos que quedaron sobre la mesa en el pleno ordinario del mes de enero por no haber tenido tiempo los servicios técnicos de elaborar todos los informes perceptivos.

El grupo municipal socialista argumentó la impugnación señalando que los presupuestos son «ilegales» porque «incumplen la Ley de Bases y el Principio de Equilibrio Presupuestario. El concejal de Economía y Hacienda, Javier Castaño, reconoce que hay un remanente negativo de Tesorería, pero afirma que «dentro de los que marca la ley, no podíamos tomar otras opciones». El informe emitido por Secretaría, en el que se basan los populares para desestimar el recurso, recuerda que únicamente podrán establecerse reclamaciones contra los presupuestos por tres preceptos dentro de los cueles no se encuentran los alegados por el PSOE. Entre ellos se encuentra, como explicó Castaño, «fijar un capítulo de gastos que no cubrirían los gastos que tiene que hacer el Ayuntamiento, como por ejemplo poner menos nóminas de lo que luego vas a pagar; o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación a los gastos presupuestados».

En cuanto al informe emitido por Intervención, según Castaño, se recuerdan las opciones que hay cuando existe un remanente de Tesorería, aunque en este caso entiende que no son viables. Así, se plantea la posibilidad de pedir un crédito de 231.000 euros a amortizar antes de que acabe el mandato, lo cual, según el edil, no arreglaría la situación porque el remanente asciende a 1.158.000 euros y, además, «habría que devolver el crédito en un plazo de quince meses». Otra de las opciones supone la rebaja de los gastos en ese importe, pero, puntualiza, «caeríamos en uno de los preceptos que hay que cumplir según la ley, es decir, no tendríamos la suficiente capacidad para cubrir los gastos que tiene el Ayuntamiento». La tercera posibilidad sería subir los ingresos, pero, según Castaño, «haríamos algo ficticio, porque estaríamos presuponiendo que obtendríamos unos ingresos por encima de lo que realmente vas a tener y nosotros en los presupuestos siempre hemos optado por la prudencia».

Por otro lado, la comisión también acordó dar el visto bueno a la solicitud hecha por la Fundación Intras para la exención del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras alegando el beneficio social que va a aportar a la ciudad la construcción de una residencia ocupacional para enfermos mentales, así como los puestos de trabajo que va a crear, además de ser un proyecto pionero en Castilla y León. Así las cosas,, se populares y socialistas acordaron por unanimidad aplicar el máximo de bonificación previsto por la ley, es decir, el 95%.