Juan Carlos Martínez Simarro, de 51 años, fue encontrado muerto en su domicilio de Xirivella, Valencia, el 11 de marzo de 2018. Sin signos externos de violencia, con problemas de alcoholemia y antecedentes médicos de hipertensión y diabetes, todo apuntaba inicialmente a que se trataba de una muerte natural. No obstante, la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València y más concretamente el informe del Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona, halló unos niveles de trazodona –principio activo de medicamentos antidepresivos– muy elevados, por encima del triple de la dosis máxima terapéutica, destapándose así que se trataba de una posible muerte violenta de origen tóxico. 

Las investigaciones coordinadas por el Juzgado de Instrucción número uno de Mislata han llevado finalmente a juicio a la viuda del fallecido, acusada de un delito de homicidio imprudente por presuntamente haber acabado con la vida de su esposo, sin que conste que esa fuera su intención, tras suministrarle de forma reiterada, sin prescripción ni control médico alguno, un medicamento llamado Deprax, "con clara falta de diligencia y sin tener en cuenta el deterioro físico que le estaba generando", según mantiene el Ministerio Fiscal, que solicita para la acusada una pena de cuatro años de prisión. 

La forense del IML explicó en el juicio, celebrado este miércoles en un juzgado de lo Penal de València, que la concentración de trazodona en la sangre del fallecido era de 3,72 mg/l, el triple de la dosis que se puede tomar sin riesgo de toxicidad, lo que equivaldría a unos doce comprimidos, cuando según ha mantenido la acusada durante toda la instrucción, y también en su declaración de este miércoles, ella solo le daba media pastilla diaria antes de dormir para que su marido pudiera descansar. 

El informe toxicológico halló una concentración de trazodona con niveles que triplicaban la dosis máxima

Por su parte, la defensa de la mujer pide su libre absolución al considerar que no está acreditado que el marido de su clienta muriera como consecuencia directa de la ingesta de los citados antidepresivos ya que la dosis que presentaba era "tóxica pero no letal", como así expuso en la vista oral el perito químico aportado por la defensa. En todo caso, si el fallecimiento se hubiera producido por esta sobredosis, agravada por las patologías que presentaba la víctima, el letrado planteó como tesis alternativa un hipotético suicidio o que el hombre simplemente se hubiera excedido con la dosis porque no conseguía conciliar el sueño.

De ahí que una de las cuestiones claves sobre las que se dirimió en el juicio fue la de establecer si Juan Carlos podría haber sido capaz de acceder a dicha medicación, que habitualmente le daba su esposa, o la cuidadora que se quedaba por las noches –quien ni siquiera ha podido ser localizada para acudir como testigo–. Inicialmente la acusada reconoció que su marido no podía levantarse solo, pero ayer matizó que sí podía llegar hasta la cómoda de la habitación –muy cerca de su cama– donde guardaba el Deprax.

Así, respecto a la posibilidad de que su marido hubiera decidido poner fin a su vida de forma voluntaria, la mujer explicó que éste nunca le transmitió que quisiera suicidarse, aunque reconoce que desde que lo despidieron en septiembre de 2016 sus problemas con el alcohol habían empeorado, "se ponía agresivo si no le daba alcohol", estaba depresivo, postrado en una cama y sin cobrar pensión alguna.

Admite que se lo daba sin receta ni consultarlo con ningún médico porque su marido ya lo había tomado antes

La acusada admite que en octubre de 2017 empezó a darle dicha medicación a su esposo "para que durmiera mejor, porque a mí me iba bien y para que descansara como yo". Asimismo reconoce que no lo consultó con ningún especialista, porque su marido ya lo había tomado antes y nunca pensó que fuera perjudicial para él. El médico que le recetó al fallecido este mismo antidepresivo en 2008 –diez años antes de su muerte– indicó que se lo cambió en 2016 por otro medicamento similar, no porque le sentara mal sino porque el paciente se quejaba de que seguía sin descansar bien.

Respecto a un posible móvil económico, la Policía Nacional descartó dicha hipótesis y cualquier tipo de intencionalidad en la muerte al no existir ninguna póliza ni seguro de fallecimiento alguno del que pudiera beneficiarse la acusada por la muerte de su esposo.