Que se estaba divorciando no fue la única información que aportó la ex mujer del parricida el día que los agentes de la Guardia Civil de Cullera detuvieron a José Antonio A. C. por maltratarla, el 10 de agosto de 2021, casi ocho meses antes del asesinato del niño. También les habló, dentro del cuestionario de la valoración policial de riesgo (VPR), el formulario de preguntas idénticas al que se somete a todas las víctimas de violencia machista en el momento de la denuncia y que es la herramienta que ayuda a fijar las medidas de protección en función de la posibilidad de que las agresiones se repitan, del alcoholismo de su ex marido, del acoso brutal al que la estaba sometiendo y de que tenía un problema psiquiátrico con tratamiento asignado que no se tomaba.

Pero había más. Respondió con un rotundo sí a los ítems que detectan que la espiral de violencia se está disparando. Dijo que sí había "celos exagerados", "conductas de control", "conductas de acoso", "faltas de respeto a la autoridad o sus agentes" y "aumento de la escalada de las agresiones o amenazas en los últimos seis meses".

Trastorno psiquiátrico y alcohol

También, que había un menor a su cargo, que él tenía antecedentes (había sido detenido conduciendo borracho dos meses antes) y que su marido tenía un problema mental por el que acudía a un psiquiatra.

Una vez finalizado el cuestionario de la VPR, el resultado arrojado por el sistema –está automatizado y funciona por algoritmos en función de parámetros fijados a lo largo de los años y la acumulación de experiencias– fue que había un "riesgo medio" de reiteración en la agresión. Y el agente expresó que, en ese caso, su opinión coincidía con la medición del formulario (el sistema permite elevar el riesgo si el evaluador ve algo más allá de las respuestas).

Sin embargo, advirtió que "la especial combinación de indicadores» detectados en la entrevista –consumo de alcohol, escalada de control, acoso y amenazas, antecedente psiquiátrico,...– aumentaban "de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por esa razón, señaló el caso como de "especial relevancia", lo que implica hacer una diligencia aparte, como es el caso, para que ese hecho, que supone "multiplicar por ocho la reincidencia violenta con resultado de muerte para la víctima", no pasase inadvertido a la "autoridad judicial y fiscal".

Cuando se le ofreció la posibilidad de pedir la orden de protección accedió y dijo, expresamente, que en ese momento "tenía miedo de que la pudiese agredir".