La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita un total de 30 años de prisión para un hombre que está acusado de agredir sexualmente a una adolescente, menor de 16 años, hija de su pareja sentimental, a la que dejó embarazada tras obligarla a tener relaciones durante muchos meses. Los hechos ocurrieron en un domicilio del municipio de La Laguna, en Tenerife. El juicio por este caso está previsto que se desarrolle el próximo lunes en la Sección VI de la Audiencia Provincial.

El hombre empezó a vivir con una mujer, que ya entonces tenía dos hijas, ambas menores. Con el ánimo de satisfacer sus deseos lúbricos y con pleno conocimiento de la edad de la afectada, así como de la relación de padrastro que le unía con la misma, aprovechó las circunstancias que la convivencia le brindó para llevar a cabo los delitos.

En horas nocturnas, mientras la madre y la hermana de la víctima dormían, entraba en el dormitorio de la adolescente para realizarle tocamientos en los senos y en las zonas genitales, a la vez que se masturbaba. Ese comportamiento lo llevó a cabo cada día.

Después de varias jornadas, el implicado decidió dar un paso más en sus acciones. Aprovechó las circunstancias en las que actuaba para abalanzarse sobre la menor de edad. Además de penetrarla vaginalmente, eyaculó en su interior. En base a la declaración efectuada por la menor, el delincuente practicó tal conducta de forma diaria. Según consta en el escrito de calificación del Ministerio Público, las relaciones sexuales completas se mantenían dos o tres veces por semana.

La adolescente intentaba evitar las agresiones sexuales y cerraba las piernas, a la vez que le decía al violador: «No quiero, vete, déjame». Pero nunca pudo impedir las acciones del ahora acusado para forzarla y no ejerció más resistencia por miedo a ser agredida, según la Fiscalía.

Además, el hombre le decía frases como: «No digas nada, porque tu madre no te va a creer, me va a creer a mí». Como consecuencia de las mencionadas relaciones sexuales, la víctima quedó embarazada. Cuando la adolescente se hallaba en un estado de embarazo muy evidente, por miedo a que realmente su progenitora no la creyera, contó a su familia que quien la había dejado embarazada era un compañero del instituto. A partir del sexto mes de gestación, la menor de edad comenzó a dormir en compañía de su hermana. Y fue entonces cuando cesaron las visitas y comportamientos libidinosos del procesado de forma temporal.

Pero las agresiones sexuales volvieron a repetirse un mes después del parto. En aquel momento, el agresor sexual amenazó a la víctima de que, si contaba lo que estaba ocurriendo a su madre, le quitaría a su hija. Los episodios de tocamientos se repitieron de forma diaria y las penetraciones vaginales tenían lugar una o dos veces por semana. Sin embargo, ya entonces no eyaculaba en el interior de la afectada. Al final, la menor relató lo que ocurría a su madre, que decidió interponer denuncia ante la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna.

Los agentes llevaron a cabo la detención del individuo tres días después y una jornada después un Juzgado de Instrucción de La Laguna dictó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La Fiscalía considera que los mencionados hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso a carnal a una menor de edad, con prevalimiento de relación de parentesco por afinidad, así como de otro delito continuado de agresión sexual con prevalimiento de relación de parentesco por afinidad.

Alejamiento

Además de los 30 años de prisión, el Ministerio Público solicita para el acusado, una vez que cumpla la pena privativa de libertad, otros 20 de libertad vigilada, alejamiento de la residencia de la perjudicada, centro de estudios o trabajo, e inhabilitación especial durante dos décadas para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores.

También plantea la Fiscalía la obligatoriedad de que el implicado se someta a programas formativos de educación sexual. En el juicio está previsto que se haga el interrogatorio del acusado y presten declaración los testigos. También intervendrán profesionales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.