La trama de permisos de conducir falsos que dirigía un informático de la Dirección General de Tráfico (DGT), que llegó a expedir casi 2.000, obtuvo unos 7 millones de euros, según han informado los Mossos d'Esquadra después de que los catorce integrantes de la organización hayan pasado a disposición judicial.
El precio de los carnés oscilaba entre los 3.000 y los 15.000 euros, y hasta el momento han sido arrestadas más de seiscientas personas, aunque la investigación sigue abierta y se podría llegar al millar, ya que la adquisición fraudulenta de estos documentos es también delito.
La trama operaba desde Cataluña, pero actuaba en diferentes puntos de España y a sus integrantes se les acusa de falsedad documental, soborno, blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la seguridad en el tráfico.
El caso comenzó en verano de 2020 cuando, desde los Mossos d'Esquadra, se detectó a una persona que, en un control, exhibió un permiso de conducir auténtico, pero con un dato discordante, ya que el titular tenía sanciones con fecha anterior a la expedición en la jefatura provincial de Girona de la DGT.
Las comprobaciones posteriores confirmaron el fraude, aunque el soporte físico del carné era correcto, lo que demostraba la existencia de una organización dedicada a esta actividad con clientes españoles y originarios de otros países.
Ante la constatación de una práctica delictiva por parte de personal que trabajaba para la DGT, se inició una colaboración con este organismo para desmantelar la trama y se creó un equipo conjunto de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional al detectarse que ambos cuerpos investigaban este asunto.
El cerebro del grupo era un informático empleado en la delegación de Girona de la DGT desde septiembre de 2019 que había usurpado las claves de acceso de funcionarios para confeccionar los carnés falsos, inicialmente destinados a familiares y amigos.
Con la puesta en marcha del teletrabajo a causa de la pandemia a mediados de marzo de 2020, esta persona, que carece de antecedentes, vio la oportunidad de obtener un rendimiento económico de sus conocimientos.
El presunto cabecilla contactó entonces para que le consiguiese beneficiarios de los carnés con un hombre que contaba con historial delictivo y que le facilitó una red de intermediarios.
Esa persona actuaba como colíder de la organización y conseguía clientes a través de esos enlaces que, en algunos casos, regentaban locutorios donde acudían individuos que carecían de permiso de conducir pero que tenían intención de obtenerlo.
Allí se les proporcionaba información sobre la posibilidad de conseguirlo de esta otra forma y el informático lo hacía posible, aunque se saltaba pasos requeridos, como el pago de tasas e impuestos u otros trámites administrativos.
Los dos líderes del grupo se repartían los beneficios por la venta de carnés, cuyo precio oscilaba en función de la categoría demandada.
Los principales investigados compraban con las ganancias propiedades inmobiliarias, vehículos y otros productos de lujo mientras mantenían un ritmo de vida alto que el informático no podía justificar con el sueldo de la DGT, mientras que la otra persona carecía de ingresos.
Parte del dinero obtenido se enmascaraba también con la adquisición de criptomoneda.
Un vez que los investigadores tuvieron clara la estructura de la organización, el pasado 11 de mayo se estableció un dispositivo policial con dieciséis entradas en viviendas de las localidades gerundenses de Sant Feliu de Guíxols, Quart, Calonge i Sant Antoni y Llagostera, así como en la barcelonesa de Vic.
También se llevaron a cabo registros en las sedes de las prefecturas provinciales de tráfico de Girona y Guipúzcoa y se detuvo a los catorce integrantes de la cúpula de la trama.
El mismo día y en días posteriores se apresó a más de seiscientas personas relacionadas con la organización, principalmente los beneficiarios que habían pagado por obtener los permisos.
Durante los registros, los agentes encontraron más de medio millón de euros en efectivo en el domicilio de la pareja del informático, que también formaba parte del grupo, y se intervino documentación relacionada con falsificación documental y cinco coches, dos de ellos de gama alta.
Los catorce integrantes de la cúpula de la organización pasaron la pasada media noche a disposición judicial y la magistrada decretó prisión provisional para ocho de ellos.
El subinspector Carles Martínez, responsable del Área de Investigación Criminal, ha explicado este viernes en Girona que se ha retirado el máximo de permisos a gente que nunca lo había obtenido anteriormente, unos novecientos, porque hay "un riesgo muy alto" de que se vean implicados en accidentes.
El resto correspondían a intercambios entre los del país de origen y el de España sin que existiera esa posibilidad legal, como sucede con el caso de India, según ha detallado Martínez a modo de ejemplo.
Los agentes han revisado también que los permisos no estuviesen operativos a través de la aplicación de móvil de la DGT y, ahora, se encuentran en una fase relacionada con otras actividades de la organización como la recuperación de puntos.
Los investigadores reúnen ahora las diligencias llevadas a cabo en diferentes puntos de la geografía española para conocer el tamaño real de la red.
