M.A, una mujer de 75 años que vive sola, se ha quedado hoy en la calle. La comisión judicial ha venido a media mañana sin previo aviso a reventar su puerta y desahuciarla. Se ha quedado con lo puesto y cuatro bolsas de tela que ha podido llenar con algo de ropa. El resto se ha quedado dentro: muebles, frigorífico, televisión, todo lo que no ha podido coger en los 20 minutos de mazazos contra su puerta hasta que ha cedido. Pasará la noche en un albergue de Servicios Sociales porque no tiene a dónde ir.

Cuando la comisión judicial ha llamado a su timbre a las 11 de la mañana, M.A no esperaba a nadie. Su desahucio había sido este miércoles, y gracias a la presión de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras plataformas vecinales lograron paralizarlo. Pero, según explica su abogada, la comisión judicial decidió no dar por cerrada el acta y mantenerla abierta, motivo por el cual ha desahuciado hoy a este afectada, sin previo aviso ni si quiera para ella. Mientras sucedía el desalojo, tres activistas de la PAH y colectivos vecinales han intentado impedir que traspasaran la puerta del domicilio sin éxito, además han sido identificados.

Jose Luís González, portavoz de PAH Valencia, explica que el juez del caso se ha negado en dos ocasiones (una este miércoles y otra hoy) a incluir el informe de vulnerabilidad de la afectada en la causa. Además, también denuncia que la dueña del inmueble es una gran propietaria de vivienda, algo que refuerza la abogada. Estos son dos de los requisitos que se recogen en el decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno para impedir los lanzamientos durante el estado de alarma. Por estos motivos, González considera que M.A debería haberse mantenido en el inmueble, como mínimo, hasta el 9 de mayo, día en el que se levanta el estado de alarma y el decreto antidesahucios.

El operativo para este desalojo ha estado formado por cuatro coches de policía y más de diez agentes, que han acabado ejecutando el desahucio ante las miradas de algunos activistas que han llegado después. La afectada denuncia que, incluso después de ser desalojada, la policía le ha registrado el bolso "porque no se fiaban". Desde la PAH denuncian que "una persona en situación de vulnerabilidad no puede quedarse en la calle".

González denuncia que "vamos a exigir a todos los partidos políticos que obliguen a los grandes tenedores de vivienda a hacer alquiler social en estos casos de vulnerabilidad, y más cuando el parque público de vivienda es todavía exiguo, pese a los esfuerzos de Consellería".