S. J. C. V., el párroco de la basílica de Algemesí a quien la Guardia Civil de Pontevedra alude como imputado en la operación Telémaco contra la pornografía infantil en internet, es el titular de la línea de conexión a internet del ordenador desde el que supuestamente se realizaron descargas sospechosas, pero no su principal usuario. De hecho, el sacerdote ni siquiera ha sido interrogado, sino que a quien se le ha tomado declaración por parte de la Guardia Civil de Valencia en el marco de esta causa es a otro hombre que supuestamente utilizaba ese ordenador, según fuentes eclesiásticas.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la identidad con iniciales del clérigo figura en la nota de prensa expedida el jueves por la Comandancia de Pontevedra porque la línea de conexión figuraba a su nombre y, por ello, el juez de Instrucción número 3 de Cangas (Pontevedra) firmó el mandamiento de entrada y registro a nombre de S. J. C. V. como titular último del lugar donde se encuentra físicamente el ordenador. Las mismas fuentes explicaron que la computadora estaba en un despacho parroquial.

Fuentes próximas al caso consultadas en Valencia dijeron esta mañana que ni se le ha tomado ni se le va a tomar declaración al ex arcipreste de Algemesí "ni como imputado, ni como testigo", ya que no es objeto de la investigación. De hecho, el juzgado, que en este momento está comenzando a tomar declaración a los 13 detenidos en la operación policial en su sede, en Cangas, tiene previsto aclarar en los próximos minutos que la imputación no afecta a S. J. C. V., sino que a quien se investiga judicialmente es al otro usuario, desmintiendo así el comunicado de prensa difundido el jueves por la Guardia Civil de Pontevedra, en el que constaba la identidad con las iniciales antes mencionadas del párroco de Algemesí, así como la de los otros 18 encausados.

El Arzobispado de Valencia ha matizado que el citado párroco es completamente ajeno a los hechos y no guarda relación alguna con un presunto delito de pornografía infantil.

Como en cualquier otra operación policial de este tipo, los investigadores rastrean todos los ordenadores que en un tiempo limitado descargan pornografía infantil en todo el territorio español. Tras aplicar diversos filtros, según explicaba la nota de prensa oficial de la Guardia Civil de Pontevedra, se acotaron 24 conexiones sospechosas en 16 provincias. La ubicación de los ordenadores desde los que se habían descargado hasta 15 archivos pedófilos –filtro fijado en esta investigación para confirmar que no son descargas accidentales- se fijó identificando la IP de los terminales informáticos, algo así como su DNI. Una vez conocida la ubicación física y delimitados quiénes eran los dueños de esas computadoras y de las conexiones telefónicas, el juez ordenó la entrada y registro de los domicilios en los que se encontraban, diligencia que se practicó el miércoles.

Ante el abundante número de ubicaciones, la Guardia Civil de Pontevedra pidió colaboración a sus colegas de las distintas comandancias -entre ellas la de Valencia- en las que estaban físicamente ubicados los ordenadores, como fija el protocolo policial en todos los casos. Por ello, fueron agentes de esas comandancias los que realizaron los registros y constataron si en los ordenadores había o no pornografía infantil, así como si el titular podía ser el responsable de las posibles descargas o si había más personas con acceso a esas máquinas. De hecho, cuando se llevó a cabo el registro de Valencia, se consideró que el ordenador podía tener más de un usuario, y por ello se le tomó manifestación a quien lo utilizaba con mayor frecuencia.

Las fuentes eclesiásticas antes aludidas no especificaron si la persona a quien se le tomó declaración tiene relación con la parroquia y, en ese caso, cuál es esa relación o en calidad de qué tiene acceso a un ordenador propiedad de la iglesia.