Así es el proceso de identificación de los menores en Ceuta: acogida, filiación, acreditación de la edad y traslado

Nadie sabe cuántos son. Los menores marroquís que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio siguen atrapados en la ciudad autónoma y sin soluciones. Por no haber, no hay ni cifras oficiales.

El delegado de Gobierno en Ceuta los cifra en unos 500. El consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, elevaba el lunes la cifra a 862. Fuentes locales hablan de más de un millar. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reconocido hoy en TVE que "nadie sabe la cifra exacta, señal de que las cosas no se están haciendo bien".

Sea como fuere, esos menores no serán devueltos a su país de origen salvo que sus familias los reclamen. La mayor parte de las 80.000 personas que cruzaron la valla eran adultos y ya han regresado a Marruecos. Pero los menores empiezan ahora un largo proceso primero de identificación y luego de traslado. Este es el proceso.

Un número aún indeterminado de menores, entre 500 y un millar, llegó a nado a la playa ceutí del Tarajal entre los días 30 y 31 de julio. Mientras que las autoridades devolvieron a Marruecos a los adultos, un grueso importante de los menores permanecen en suelo español. Serán enviados a diferentes comunidades autónomas, su destino final de acogida.

El Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno de Ceuta están trabajando para darles una primera ubicación. Para ello se están habilitando dos colegios que sirvan como alojamiento temporal. Los centros elegidos son el CEIP Reina Sofía (en el barrio de Puente de Quemadero) y el CEIP Príncipe Felipe (en el barrio del Príncipe).

Los colegios acogerán a los menores tan solo durante unos días, hasta que se habiliten unas naves industriales con carpas y literas. Los niños permanecerán allí mientras se cumplen los trámites burocráticos para enviaros a la península.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han aclarado a El Periódico que "en ningún caso este episodio afectará a los escolares ceutís; los dos colegios habilitado estarán libres cuando empiecen las clases en septiembre".

Durante esta primera acogida (ya sea en los dos colegios o en las naves), la policía procederá a llevar a cabo la filiación de los menores. Esto es, abrir una ficha con sus datos personales, fotografías y situación personal. Si consta que su familia los ha reclamado en Marruecos, serán trasladados a su país de origen.

Es a partir de esta filiación cuando empieza a contar el plazo de 15 días para que sean reubicados en alguna comunidad autónoma peninsular. Pero ni el Gobierno central, ni la administración local tienen la certeza de que se vayan a acatar esos tiempos.

"15 días dificilmente se podrán cumplir en una situacion extraordinaria como esta; ese es el plazo en una situacion normal", explican a El Periódico desde el Gobierno ceutí.

Para acreditar la minoría de edad en caso de duda, existe un protocolo: la evaluación comienza con una exploración visual a la que pueden sumarse diferentes pruebas radiológicas que puedan determinar el grado de maduración ósea y dental. Primero se hace una radiografía del carpo izquierdo de la muñeca y, después, una radiografía de la muela del juicio.

Una vez se han tomado dichas radiografías, se someten a una comparación con el atlas de Greulich y Pyle, el canon que usan los médicos para determinar las edades. Este método no sirve, no obstante, para conocer la edad exacta del individuo; se trata solo de una estimación.

Sin embargo, solo la Fiscalía de Menores puede autorizar que se realicen dichas pruebas. Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Deuta, ya dudaba de que se pudiese llevar a cabo a tanta gente. "¿Cómo vamos a hacer miles de radiografías para certificar la edad de los menores", declaraba a El Periódico.

Si desde Marruecos no se reclama a los adolescentes, los menores serán ubicados en diferentes comunidades autónomas españolas. Una de las preguntas que se les formulará durante el proceso de filiación será si tienen familiares en España. En los casos afirmativos, serán enviados a las comunidades pertinentes.

El resto serán ubicados en diferentes CCAA mediante criterios que aún no han sido aclarados. Este puede ser el principal escollo del proceso. Algunas de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP con Vox, como Murcia, ya han adelantado que se negarán a acoger a menores. Aunque la ley les obligue, pueden recurrir judicialmente, lo que podría demorar el proceso.

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