El empresario que controlaba la mina de Cerredo, su mujer, su hijo y el ingeniero, imputados por cinco homicidios imprudentes de los mineros fallecidos

El juzgado de Cangas del Narcea atribuye provisionalmente al empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán (conocido como 'Chus Mirantes'), a su mujer (Ana María Rodríguez), al hijo de ambos (Adrián Rodríguez Rodríguez) y al ingeniero facultativo de la mina de Cerredo, en Asturias, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia a causa del fallecimiento de cinco mineros en la explotación, cuando presuntamente extraían sin permiso carbón del tercer piso, conocido como 'El Mangueiro'.

Además, la jueza titular les atribuye en la fase de instrucción cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores. Por ello, ha decretado el embargo de bienes y el bloqueo de cuentas de los cuatro investigados hasta sumar un valor de 1.150.000 euros, como medida cautelar.

Sin embargo, la investigación judicial en la parte empresarial pone el foco en Jesús Rodríguez Morán, ya que la fiscalía pidió evaluar la responsabilidad penal del empresario "al reunir indicios directos" de que el administrador "de hecho" de las empresas implicadas (Combayl y Blue Solving, a nombre de su mujer y su hijo de 23 años, respectivamente) era el propio empresario, según el auto al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El juzgado de Cangas del Narcea inició las investigaciones después de que la mañana del 31 de marzo de 2025 cinco mineros muriesen y cuatro resultasen heridos por una explosión en el interior de la galería del piso tercero.

Se trataba de los trabajadores Amadeo Bernabé Castelao, David Álvarez Núñez, Rubén Souto Robla, Jorge Carro Andre e Iban Radio Barciela, cuatro de ellos residentes en Laciana y el quinto en El Bierzo.

El 22 de abril de 2025, la jueza acordó el secreto de las actuaciones, salvo para el Ministerio Fiscal, y fue prorrogando mes a mes esta condición hasta el último auto, dictado el 2 de enero de 2026.

Pero el 9 de diciembre el tribunal ya acordó las medidas cautelares de embargo por valor de 1.150.000 euros «a fin de garantizar el cobro de la posible indemnización» para las familias. Por tanto, argumenta el auto al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, los investigados ya conocían que «el procedimiento se dirige frente a ellos». Dada esta situación, estima la jueza que «han variado las circunstancias que aconsejaron declarar estas actuaciones secretas», por lo que deja sin efecto la medida.

El auto de embargo se firmó un mes antes de que los cuatro ahora investigados compareciesen ante la comisión parlamentaria en la Junta que investiga si hubo negligencia de la administración en el suceso. Todos ellos guardaron silencio ante los diputados e invocaron la salvaguarda de sus garantías jurídicas dado el proceso legal.

El auto establece un plazo de apelación y concede un periodo de un mes a las partes para examinar las actuaciones. También decreta comunicar a los investigados su condición para que puedan personarse.

Esta decisión llega justo cuando la comisión de investigación parlamentaria encara la recta final de las declaraciones y a punto de que la Dirección General de Minas complete el informe técnico sobre el accidente, que se trasladará a la Comisión de Seguridad Minera.

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