La brutal ola de incendios forestales que ha sacudido España durante las últimas semanas ha mostrado las deficiencias del sistema contra el fuego, forzando al Gobierno a actuar. Este año es ya el peor en casi tres décadas en términos de superficie quemada, con más de 200.000 hectáreas arrasadas por las llamas. Ante la evidencia de que los incendios son cada vez más virulentos y frecuentes (en lo que va de año han tenido lugar más de 6.000), el Gobierno aprobó este lunes un real decreto que fija un mínimo de servicios de extinción a las autonomías, obligándolas también a contar con planes de prevención y extinción durante todo el año. 

“Ya no podemos pensar que la temporada de incendios solo ocupa dos o tres meses en nuestro calendario”, señaló tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa RiberaSegún fuentes de su departamento, la nueva norma “amplía el contenido mínimo de los planes para establecer la dotación, medios materiales y equipamientos de los que deberán disponer los trabajadores que participen en labores de prevención y extinción”.

Cerca de una quincena de fuegos continúan ahora mismo activos en la Península Ibérica, la mayoría en Castilla y León, la autonomía más afectada por la ola de incendios, que se ha visto espoleada por una ola de calor que tampoco tiene apenas precedentes. El territorio, gobernado por el PP y Vox en coalición, ha sido criticado por parte del Ejecutivo por su presenta carencia de medios frente a las llamas. La semana pasada, la titular de Defensa, Margarita Roblesse dirigió directamente a la comunidad para pedir que no escatime “ni en medios ni en personal”. 

Las competencias

Ribera no mencionó este lunes a ninguna autonomía durante la presentación del decreto ley, que modifica la ley de montes de 2003. La puesta en práctica de estas medidas será inviable sin la colaboración de las comunidades, que tienen la mayoría de las competencias en materia de lucha contra el fuego y disponen ahora de un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios. 

 

“Hay que estar todo el año invirtiendo, activando las medidas que nos permitan prevenir y reducir el impacto de los incendios”, dijo la vicepresidenta tercera. “Una mala preparación pone en riesgo a la población e incrementa las pérdidas económicas y de biodiversidad –continuó Ribera-. Todos deberemos contar con planes de defensa frente a incendios para la totalidad del año. Ya no basta con estar preparado solo para los meses de riesgo alto. Y debemos estar preparados para todo el territorio, no solo para las zonas particularmente vulnerables”. 

El pasado viernes, durante la comparecencia para ofrecer su resumen del curso político, Pedro Sánchez ya dejó claro los dos principales objetivos del real decreto. Por un lado, eliminar “diferencias como las que existen hoy entre los servicios de extinción de unas comunidades frente a otras”, reforzando al mismo tiempo la coordinación de todas las administraciones contra las llamas. Por otro, aumentar el horizonte temporal de los planes de prevención y extinción de los territorios, que ya no pueden durar, dijo el presidente del Gobierno, “cuatro o cinco meses”, sino todo el año, algo que exige “aumentar capacidades”. 

La norma, explican en Transición Ecológica, “prevé establecer una calificación homogénea de las unidades de extinción según sus capacidades operativas, un protocolo de coordinación común para los medios aéreos, adoptar señales de radio unívocas y usar simbología común para elaborar los mapas operativos”.