El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha anunciado este lunes en Ateca que, en los próximos días, y una vez recabada toda la información que permita establecer el origen y las causas del incendio forestal de la comarca de Calatayudel Gobierno de Aragón se personará ante la Fiscalía como perjudicado.

"Se han quemado montes de utilidad pública y otros bienes de diferente naturaleza que tenemos la obligación de proteger", explica el responsable autonómico para justificar la postura del Ejecutivo. "Nos presentaremos como acusación particular para defender con todas las consecuencias y hasta donde sea necesario los intereses públicos", asegura.

Sobre la responsabilidad del origen del incendio, el consejero quiere disipar cualquier duda, y señala que la actividad que se estaba llevando a cabo cuando se desató el incendio era "estrictamente privada" y que nada tenía que ver con la Administración aragonesa. Del mismo modo, insiste en que el Gobierno de Aragón se rige en todo momento por la aplicación de la ley.

Olona recuerda que desde que empezó el verano el Gobierno de Aragón está pidiendo "precaución" y la adaptación de toda actividad al nivel de riesgo de incendio, el más extremo de los últimos años. Además explica que a mediados del pasado mes de junio ya se produjo un conato, originado por la misma empresa, la misma actividad y en el mismo lugar.

Labores de reforestación

Entonces, la Sección de Incendios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con fecha del 21 de junio, envió un correo electrónico a los responsables con una serie de recomendaciones, entre las que se encontraba la del aplazamiento de los trabajos hasta que las temperaturas fuesen menos elevadas.

"Tenemos todas las herramientas para actuar, pero es esencial que todos vayamos de la mano y en la misma dirección para recuperar todas las infraestructuras públicas y privadas dañadas por el fuego y ayudar a los afectados", puntualiza el consejero.

Olona afirma que el Gobierno de Aragón pondrá en marcha las ayudas necesarias para garantizar la continuidad de los agricultores y ganaderos afectados.

El fuego se originó durante unas labores de reforestación que realizaba la empresa Land Life, a la que, según Olona, la sección de Incendios del servicio provincial el pasado 20 de junio le trasladó una serie de recomendaciones "muy concretas", entre ellas, la de posponer los trabajos, cuestiones que, ha dicho, se incluirán en las responsabilidades judiciales.

No obstante, el consejero ha reconocido que no existe ninguna normativa en vigor que exija autorización expresa para que unas determinadas máquinas trabajen en el monte o en el ámbito agrícola.

"Cada comunidad autónoma actúa en función de su marco regulatorio y normativo y lo que considera más conveniente para sus administrados", ha apuntado Olona, y aunque ha reconocido que el "escenario cada vez más complejo" hará necesario adoptar cambios normativos en el ámbito legislativo y político, "no es momento de que un consejero establezca y decida por su cuenta y riesgo ámbitos que deben ser objeto de regulación jurídica".

En busca de responsables

No obstante, ha considerado que cada uno debe ser "consciente de su propia responsabilidad" y adecuar la actividad a las condiciones.

El consejero también se ha defendido de las acusaciones de falta de medios y ha apuntado que desde 2015 los fondos del operativo de Sarga han pasado de 11 millones de euros "a más de 25 millones".

"No es verdad que no se estén dedicando fondos", ha insistido Olona, quien ha precisado que este año "se han destinado más de 34 millones" a la prevención y extinción de incendios y que la Dirección General de Gestión Forestal es "la que más ha aumentado su presupuesto".

"No se puede decir que no estamos mejorando los medios cuando estamos haciendo un esfuerzo presupuestario tan notable", ha dicho Olona, y aunque ha admitido que los medios "no son infinitos", ha asegurado que "una prueba" de ese esfuerzo del departamento es que este incendio "se ha podido controlar de forma rápida dentro de las características que presentan este tipo de incendios".

El incendio no está extinguido todavía, por lo que desde el Gobierno de Aragón insisten en la necesidad de extremar la precaución y, por seguridad, evitar acercarse a su perímetro.

La DPZ anuncia un plan especial

Por otro lado, la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha anunciado hoy asimismo en Ateca que la institución provincial, en coordinación con el Gobierno de Aragón y el resto de administraciones, va a poner en marcha un plan de restitución para recuperar la zona afectada por el gran incendio forestal que ha quemado alrededor de 14.000 hectáreas en el valle del Manubles y en su entorno. Además, la vicepresidenta subraya que la DPZ, dentro de sus competencias, destinará a este plan "los fondos que sean necesarios".

Ladrero ha hecho este anuncio en una reunión con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio, que ha servido para consensuar la declaración institucional con la que la DPZ y los ayuntamientos van a pedir al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para que lleguen cuanto antes las ayudas establecidas para este tipo de desastres naturales.

"Vamos evaluar todos los daños en los bienes y las infraestructuras tanto públicos como privados y, una vez que los tengamos identificados, vamos a poner en marcha un plan de restitución que combinará actuaciones a través de medios propios, como nuestro parque de maquinaria, con ayudas directas a los ayuntamientos", ha destacado Ladrero, que manifiesta además que este plan se llevará a cabo en coordinación y de manera complementaria a las actuaciones que lleven a cabo otras administraciones.

"La declaración de zona catastrófica se traducirá en ayudas por parte del Gobierno central y el Gobierno de Aragón también tendrá sus propias ayudas, por ejemplo las destinadas a apoyar a los agricultores y ganaderos, sobre todo a los profesionales", explica.

La vicepresidenta adelantó que mañana la DPZ celebrará una junta de portavoces para aprobar la declaración institucional que hoy se ha consensuado con los alcaldes.