Más de 500 organizaciones han unido sus voces para reclamar una ley que impida que las empresas españolas vulneren los derechos humanos y medioambientales, tanto en España como sus filiales en otros países, al estilo de las legislaciones que se han promulgado ya en Francia y Alemania. La Plataforma por las Empresas Responsables, que aglutina a los sindicatos y oenegés que impulsan la iniciativa, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace o Oxfam Intermón, han tenido conocimiento de que, al menos, seis empresas españolas han sido denunciadas por abusos en los últimos años.

Una de ellas es Mapfre. Según denuncia la plataforma, la asegurada española "mantenía en 2019 una relación contractual" con la empresa minera Vale, responsable presuntamente de la expulsión de 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que acabó con la vida de más de 250 personas en Brasil. Asimismo, la empresa Cobra ha sido denunciada por "falta de debida diligencia" en un complejo hidroeléctrico situado en Guatemala, que ha colapsado el cauce del río Cahabón y ha afectado a una población de 29.000 indígenas.

Por otro lado, las filiales de Prosegur en Brasil, Colombia, Perú y Chile han sido denunciadas por Uni Global Union por violar las directrices de la OCDE, en relación a "prácticas de intimidación y discriminación a líderes sindicales". Y Amnistía Internacional ha denunciado a la compañía Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (C.A.F) porque su socia en la expansión del tren ligero de Jerusalén presuntamente ha vulnerado los derechos de la población palestina.

Recogida de firmas

En total, son seis los ejemplos concretos que acompañan a la petición; así como las vulneraciones sobre los derechos de los trabajadores migrantes en suelo europeo, que han sido denunciados en varias ocasiones en el sector de la agricultura. Por ejemplo, en 2020 el Relator Especial de Naciones Unidas instó al Gobierno y a las empresas a mejorar las condiciones de los trabajadores inmigrantes empleados en la recogida de fresas.

Por todo ello, buena parte de la sociedad civil española ha lanzado una campaña titulada 'Apoya una ley made in Spain' que busca recabar firmas para presionar al Gobierno español a que apruebe ya una ley de diligencia debida, que incluya requisitos claros, sólidos y exigibles a las empresas españolas y a sus filiales, con el fin de que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de producción y que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas de posibles vulneraciones o accidentes.

La situación en la UE

La UE ya ha dado un primer paso con una propuesta de directiva, así como Francia, que cuenta con una ley desde 2017 o Alemania y Noruega, que la han aprobado sendas legislaciones en 2021. Y la ley francesa ya ha sido utilizada por la comunidad mexicana de Unión Hidalgo, que ha interpuesto una demanda civil en Francia contra la multinacional EDF por "no respetar los derechos de los pueblos indígenas" en su proyecto para construir un parque eólico.

En Alemania la ley aún no ha entrado en vigor pero ha contado con un amplio apoyo del gobierno y del propio sector empresarial, dado que muchas empresas "no quieren tener una desventaja competitiva" respecto a las que vulneran derechos, según ha explicado Franziska Humbert, de Oxfam Alemania, en la presentación de la campaña.

En España, en diciembre de 2021 el secretario de Estado de la Agenda 2030 anunció el inicio de los trabajos para aprobar una ley de debida diligencia y en abril de 2022 se abrió una consulta pública. "Pero necesitamos que llegue cuanto antes al Consejo de Ministros, para que pueda ser aprobada esta legislatura. Los derechos humanos y las víctimas no pueden esperar más", asegura Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid. De ahí, el lanzamiento de la campaña.