Grupos ultracatólicos rezan cada día desde el pasado 2 de marzo, durante 12 horas seguidas, al lado de las clínicas de interrupción del embarazo de 19 ciudades españolas, con rosarios en la mano y pancartas que incluyen apelaciones directas a las mujeres que acuden a abortar, a través de frases como “¿y si tuviera tu sonrisa?” o “no estás sola, podemos ayudarte”. Justo frente a la Clínica Dator, en Madrid, una de las más grandes de las dedicadas a este tipo de intervenciones, la organización Hazte Oír abrió el 9 de marzo una sede (“refugio próvida”, la llaman) desde la que han organizado conciertos callejeros y proyectado ecografías en una pantalla gigante. También entregan folletos y en ocasiones intentan impedir el paso a quienes acuden al centro.  

Ocurre siempre, con más o menos virulencia, de forma continuada o intermitente. Los responsables de las clínicas llevan años quejándose del “hostigamiento” al que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y los trabajadores de los centros son sometidos. El antiabortismo radical se había beneficiado hasta ahora de una casi completa impunidad, pudiendo organizar sus campañas sin miedo a las consecuencias, pero el panorama cambió este miércoles. 

El Senado, con los únicos votos en contra del PP y Vox, aprobó definitivamente la reforma del Código Penal que castiga el acoso frente a estos centros con prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, en la estela de lo que ya existe en países como Alemania y el Reino Unido. La norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves o el viernes, explicaron fuentes de la Cámara alta, y entraría en vigor al día siguiente. Este fin de semana, por tanto, ya será aplicable el nuevo delito. 

Sensación agridulce

La aprobación (por 154 votos a favor y 105 en contra) dejó un regusto agridulce en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). La entidad reclama desde hace tiempo que se tomen medidas frente a este hostigamiento, al que puso cifras en un informe publicado en 2018. Tras entrevistar a 300 mujeres que habían abortado en clínicas de toda España, el trabajo concluyó que el 89% se habían sentido acosadas y el 66% amenazadas. 

La reforma penal puede ayudar a cambiar la situación actual, señalaron en ACAI, pero resulta demasiado “indefinida” y no está claro que los jueces vayan a aplicarla a las convocatorias que los antiabortistas radicales lleven a cabo a partir de ahora. “No sabemos qué va a pasar”, dijeron en la asociación, donde albergan la esperanza de que el cambio legal tenga, como mínimo, un “efecto disuasorio”. Aun así, en ACAI son partidarios de establecer perímetros de seguridad en torno a los centros, medida que se aplica en Francia, como forma de combatir de forma más sencilla y rápida el acoso. El PNV apoyaba el enfoque, y registró una enmienda en este sentido, pero los socialistas, impulsores de la reforma penal, votaron en contra. 

El "odio" y la "libertad"

El debate apenas aportó novedades, con las posiciones de los grupos ya fijadas desde la tramitación de la ley en el Congreso. “Una serie de personas, llenas de odio y de forma concertada, intentan humillar a estas mujeres, amenazarlas, coaccionarlas e impedir que puedan ejercer libremente sus derechos. Es necesario que tengamos reguladas en el Código Penal estas conductas para que no vuelvan a ocurrir”, dijo el senador socialista José María Oleaga.

Para el PP, en cambio, la reforma es una medida “ideológica y sectaria para contentar a unos sectores minoritarios de las mujeres” y muestra el miedo de la izquierda a “la libertad y la opinión”, dijo Fernando de Rosa. Vox fue más allá. Su representante, Jacobo González-Robatto, llamó “criminales” a las clínicas de interrupción del embarazo, porque, continuó sin aportar ninguna prueba, “coaccionan a las mujeres para que aborten”. El partido de ultraderecha ya ha anunciado que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional.