Jaime y Diego, de 15 y 25 años, son las últimas víctimas de una "tercera generación" de bandas juveniles en España que ha intensificado su violencia en los últimos meses. Es el resultado de haber mirado para otro lado cuando estos jóvenes, mayoritariamente menores, requerían educación y acompañamiento, según el diagnóstico de expertos consultados por Efe.

Tras las tres reyertas entre los Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios que al menos confluyeron el pasado fin de semana en Madrid, dejando dos muertos y tres apuñalados en estado grave, no se ha hecho esperar una respuesta contundente.

Desde este jueves más de 500 policías controlan las calles y parques de 11 distritos de la capital y el municipio de Parla para frenar las posibles represalias y la escalada de violencia detectada el pasado mes de diciembre, cuando se impulsó la operación "Hispano", que en poco más de tres meses se ha saldado con 118 detenidos y decenas de armas incautadas a estos grupos.

La Guardia Civil también ha desplegado en nueve municipios de la Comunidad de Madrid a 834 agentes que vigilarán los puntos calientes en los que han detectado una mayor presencia de estas bandas.

Sin embargo, los propios agentes, como el inspector y portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, lamentan que previamente "algo ha debido fallar" cuando las fuerzas de seguridad tienen que priorizar una amenaza como la que constituyen estas bandas juveniles, que contaban a finales de 2021 con 80 grupos activos en el territorio nacional, según datos del Ministerio del Interior.

Tercera generación

Son menores de 13, 14 o 15 años, como Jaime, el chico vinculado a los Trinitarios que fue apuñalado mortalmente con un machete por presuntos miembros de los DDP en la calle Atocha, aunque la Policía aún no ha logrado identificarles.

Y son Más violentos porque quieren demostrar lealtad a sus superiores. El experto en grupos urbanos Joan Caballero define a estos menores como la "tercera generación de pandilleros" en España, ya que las fuerzas de seguridad y la justicia ya tuvieron que aplacar su violencia en 2003, cuando surgieron en el país, y en 2014, año en el que el Tribunal Supremo declaró la naturaleza criminal e ilícita de los Dominican Don't Play (primera y segunda generación).

Después, según explica Caballero, la sociedad no se ha preocupado por acoger en comunidad a estos jóvenes, gran parte de ellos de origen extranjero o de padres inmigrantes, pero con nacionalidad española -estos últimos representan el 90 por ciento según la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González-.

Es en el seno de las bandas donde han encontrado el "sentimiento de pertenencia" del que carecían. "Sienten que es su segunda familia", afirma.

De hecho, tal compromiso de hermandad es el que les lleva a no mostrar escrúpulos a la hora de delinquir cuando así se lo piden sus superiores, llegando al extremo de ir a matar a sangre fría.

Asimismo, Joan Caballero destaca que la sociedad, además de marginarles, ha "estigmatizado" a los integrantes de las bandas, lo que ha hecho que "se reafirmen" en su condición de "pandilleros": "Si la gente y la tele lo dice, pues sí, lo soy".

Deslegitimar la violencia

Los expertos consultados por Efe coinciden al reclamar un plan estatal de prevención contra la violencia juvenil, cuya ausencia ha dado alas a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social para radicalizarse dentro de las bandas y otros grupos.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, una de las voces que exigen al Gobierno el impulso de políticas contra la criminalidad entre los menores, subraya la necesidad de "deslegitimar la violencia", así como "dejar de normalizar y justificar tales conductas".

En el plano judicial, recuerda que la declaración de los DDP y otras bandas como organizaciones criminales por el Tribunal Supremo supone que las fuerzas de seguridad pueden llevar ante la Justicia a cualquier individuo que se investigue y presente vínculos suficientes con dichas organizaciones, pero "no se está haciendo", denuncia Ibarra.

Además, sostiene que la ley del menor, que castiga los delitos graves cometidos por mayores de 16 años con internamientos, "trivializa" las sanciones a los jóvenes en ese rango de edad que delinquen en el seno de las bandas.

Ibarra puntualiza que se debe separar el discurso contra la violencia de la xenofobia, ya que nada tiene que ver con el origen de los "delincuentes".

En el objetivo de la Policía

Desde principios de siglo, las bandas juveniles han sido una prioridad para la Policía. Lo dice el portavoz de la UFP, José María Benito, y lo prueba la existencia de unidades específicas que investigan a estos grupos dentro de las brigadas de Información.

Sin embargo, Benito y Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol, afirman que existe una intensificación de la violencia ejercida por las bandas -reflejada en el uso de armas como machetes-, aunque no perciben un repunte en el número de reyertas o sucesos que protagonizan.

Ambos apoyan el despliegue policial de control a las bandas ante esta escalada de violencia, pero lamentan que, como ante otras amenazas, no cuentan con efectivos suficientes "para llegar a todo".

No obstante, trabajarán "al pie del cañón" durante las próximas semanas para que en Madrid -y el resto de España- siga reinando la seguridad.